El gobierno nacional ultima los detalles del decreto que prorrogará hasta el 30 de noviembre las concesiones de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue, cuyos contratos vencieron en 2023. Aunque el Ejecutivo de Javier Milei impulsa su reprivatización, la falta de acuerdo con las provincias de Neuquén y Río Negro demoró el proceso licitatorio.
La medida, que será oficializada en las próximas horas, es clave: la prórroga vigente expira el lunes, y por normativa, el decreto debe notificarse con al menos cinco días de antelación al operador actual.
Las represas ubicadas sobre el río Limay generan cerca del 10% de la electricidad que consume el país. Además de ser una fuente limpia, su producción es más económica que la de las centrales térmicas que funcionan con combustibles fósiles.
Una privatización demorada
El secretario coordinador de Energía, Daniel González, aseguró que el Gobierno está “listo para salir con la reconcesión” por los próximos 30 años. Sin embargo, los desacuerdos con los gobernadores patagónicos sobre las condiciones del llamado a licitación nacional e internacional postergaron la salida de los pliegos.
La intención oficial es dejar el proceso licitatorio para fines de 2025 y concretar la adjudicación en 2026.
Las cuatro sociedades que el Gobierno busca reprivatizar son:
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Alicurá, actualmente operada por AES Argentina
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El Chocón y Arroyito, a cargo del grupo Enel
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Cerros Colorados, operada por el grupo Orazul
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Piedra del Águila, en manos de Central Puerto
Estas empresas fueron creadas por Enarsa y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) mediante el decreto 718/2024, con el objetivo de avanzar en su privatización tras el vencimiento de las concesiones originales de 30 años en agosto de 2023.
Durante la gestión anterior, se había propuesto un esquema de gestión estatal conjunta con las provincias, pero el proceso quedó congelado en plena campaña electoral, con las concesiones extendidas de forma provisoria.
Un ingreso clave para el Tesoro
En medio de la escasez de reservas y los compromisos asumidos con el FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que la reprivatización de estas represas podría generar unos US$500 millones para el Tesoro, ayudando a engrosar las arcas del Banco Central.
Por ahora, las represas seguirán operadas por los concesionarios actuales hasta fin de año, mientras el Gobierno intenta resolver las diferencias con las provincias y definir los términos de una licitación que será clave para el futuro del sistema energético argentino.