Un hombre golpeó y mantuvo secuestrada, en una habitación de la vivienda que compartían, a su pareja en San Martín de los Andes. La mujer tiró sus pertenencias por una ventana y logró escapar para pedir ayuda. El agresor fue acusado este miércoles por “lesiones leves agravadas por haber sido cometido mediando violencia de género y contra quien se mantuvo una relación de pareja, privación ilegítima de la libertad y daño”. Sólo se le dictó una restricción perimetral.
En una audiencia de formulación de cargos realizada mediante videoconferencia, la representante del Ministerio Público Fiscal Inés Gerez acusó a S.G.A, por golpear y privar de libertad a su pareja en la ciudad de San Martín de los Andes.
Para asegurar los fines del proceso y la integridad física de la víctima, la funcionaria solicitó como medida cautelar la prohibición de acercamiento del imputado a menos de 300 metros de la víctima, como así también realizar actos de perturbación, violencia o intimidación directa o indirecta hacia la víctima por sí o por otra persona y por cualquier otro medio, por el término que dure la investigación.
Los querellantes particulares en representación de la víctima, adhirieron en todos los términos a lo solicitado por la fiscalía.
El hecho investigado ocurrió el 9 de diciembre de 2020. Según Gerez, el imputado, S.G.A, se encontraba caminando junto a su pareja cuando comenzó a recriminarle “por qué había saludado a un joven” por la calle. Una vez en el domicilio del imputado, éste subió por la fuerza a la víctima hasta su habitación y en medio de una discusión comenzó a golpearla. La víctima gritó pidiendo ayuda pero nadie la escuchó. Como el imputado no la dejaba salir, pasaron algunas horas y la joven se quedó dormida. Al otro día intentó salir del dormitorio, pero estaba la puerta cerrada con llave. Tiró sus pertenencias por la ventana y logró escapar corriendo por la puerta de ingreso.
El juez de garantías a cargo de dirigir la audiencia, dio por formulados los cargos y avaló las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía por el plazo que dura la investigación, fijado en tres meses.