Imputaron al líder de la revuelta policial en Río Negro

Ángel Rubén Muñoz fue noticia durante los últimos meses, sobre todo en los días previos a las elecciones en Río Negro. Se auto proclamó líder del Consejo de Bienestar Policial y estuvo detrás de las protestas de los uniformados que pretendían mejores salarios y trabajar en buenas condiciones, con patrulleros e insumos acordes a la tarea que desarrollan. Su punto de mayor exposición fue cuando tomó junto con una dirigente de ATE la sede de la Unidad Regional II de Roca. Por este hecho se le formularon cargos y aunque el fiscal solicitó la prisión preventiva, el juez sólo le fijó pautas de conducta.

En su época de policía, dentro de su legajo interno, aparecen no menos de una docena de sumarios administrativos iniciados por las autoridades por faltas de respeto graves hacia la conducción de la Policía como también hacia el entonces gobernador Alberto Weretilneck. Con más de 125 días de suspensión acumulados, finalmente el 19 de julio de 2019 fue cesanteado tras una publicación en Facebook en contra de las autoridades.

Luego de esa sanción en la que quedó afuera de la fuerza, otras seis causas que se analizaban en el Tribunal de Disciplina quedaron sin efecto ya que por la cesantía quedaba "extinguida  la  acción  disciplinaria  por aplicación del Capítulo V, Artículo 38°, Inciso e) del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (Decreto Nº 1994/94)".

De todas maneras, y pese a estar afuera de la Policía desde hace varios años, Muñoz encabezó distintas protestas: incluso, fue detenido por el Juez Federal Hugo Greca por considerarlo incitador del corte de ruta que durante el mes de febrero los retirados de la Policía hicieron en el ingreso a Cervantes. Luego, fue dejado libre a cambio de una importante suma de dinero que quedó como caución para evitar que reincida.

De todas maneras, y pese a los antecedentes que tiene, el juez de Garantías que estuvo a cargo de la audiencia de formulación de cargos no consideró que deba permanecer detenido. Al contrario de la acusación realizada por el Ministerio Público, para el magistrado no hay riesgo procesal que amerite la prisión preventiva.

Muñoz fue acusado por los hechos sucedidos el el 20 de abril pasado, cuando ingresó a la Unidad Regional II durante la siesta, amenazó al personal de la guardia y tomó el edificio. Se le formularon cargos por coacción, turbación, perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos.

La fiscal de turno intervino en el lugar y logró acercar posiciones hasta llegar a una resolución pacífica del conflicto. De todas maneras, lo imputaron formalmente. Según el relato del representante del Ministerio Público, entre las 3 de la tarde y la 1 de la mañana del jueves 20 abril, en la Regional II de calle Tucumán y Córdoba, ingresó de "manera intempestiva el imputado, junto a una mujer no identificada aún, y le habría dicho al empleado policial de guardia: ´tenés que irte porque voy a tomar la Regional y le reiteró que te vayas porque sino va a ser peor para vos: porque hay gente afuera que viene llegando a la Regional', cuestión que le habría causado temor y se fue del lugar”.

“Luego las dos personas habrían comenzado a tapar las puertas con papel de diario, y con las llaves del lugar en su poder, habrían cerrado el portón que da sobre calle Córdoba, turbando la tenencia de la Institución policial, impidiendo de esta manera el ingreso de cualquier persona a la Institución Pública Policial”, explicaron. Ambos "perturbaron el orden de quienes estaban ejerciendo sus funciones en dicha unidad”.

En el exterior, otras personas comenzaron a prender fuego cubiertas y troncos. "Treinta personas encapuchadas, que habrían impedido el acceso a la dependencia. Uno de los portones estaba obstaculizado con un vehículo y el otro portón con dos conteiner”, detalló.

Muñoz fue asistido por un defensor público y declaró para realizar "algunas aclaraciones". Su abogado se opuso a la formulación de cargos como también a ciertas medidas cautelares propuestas por la fiscalía. El juez de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos.

Con respecto a las medidas cautelares, sólo se tuvo en cuenta uno de los peligros procesales argumentados por la fiscalía, el de entorpecimiento a la investigación, pero no el fuga. De esta manera, Muñoz deberá mantener el domicilio y no podrá acercarse a ninguna unidad policial. También tiene prohibido realizar ningún acto, manifestación, publicación por cualquier medio o incitación, en redes sociales o por cualquier otro medio escrito, virtual, radial a cometer delitos similares a los cometidos. Además, rige la prohibición de acercamiento a dos empleados policiales en particular.