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Estafa con planes sociales: pedirán domiciliaria para uno de los imputados

Lo aseguró el abogado de Ricardo Soiza. "No se merece estar durmiendo en un colchón del piso de un calabozo", afirmó.
Jueves, 13 de julio de 2023 a las 10:05
Estafa con planes sociales: pedirán domiciliaria para uno de los imputados Estafa con planes sociales: pedirán domiciliaria para uno de los imputados

Tras ser acusados de participar en una asociación ilícita a través de la administración de programas sociales de la provincia, los tres ex funcionarios han sido detenidos y se encuentran en prisión preventiva. Después de un breve receso de una hora, el juez a cargo del caso les ha impuesto un plazo de cuatro meses. Ahora, uno de los abogados busca que le otorguen la prisión domiciliaria a Ricardo Soiza.

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Soiza, exdirector de Planes Sociales de la provincia.

"No se merece estar durmiendo en un colchón en el piso en un calabozo. El hombre tiene 69 años. No corresponde esta situación y es uno de los argumentos que tenemos contra la resolución que presentó el juez. Además, hay falta de riesgos", afirmó el abogado particular Esteban Sampayo, quien defiende a Ricardo Soiza.

Tanto el defensor público Fernando Diez, quien representa a Sanz y Osuna, como el abogado particular Esteban Sampayo, encargado de la defensa de Soiza, buscaban que los acusados permanecieran en libertad o, en su defecto, que se les otorgara arresto domiciliario. Se argumentó que el exdirector de Planes Sociales, también propietario del restaurante árabe Faraon, enfrenta problemas de salud. La presentación de estos argumentos será este jueves a las 9 de la mañana.

"Imagino que hasta fines del año que viene no creo que vayamos a tener juicio, por como están las cosas y sobretodo por la agenda judicial. No corresponde esperar un año y medio encerrado hasta el juicio", agregó Sampayo en diálogo con AM550 y CN24/7.

En la actualidad, el caso se encuentra enmarcado en la figura legal de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por el uso indebido de tarjetas de débito y fraude a la administración pública, en una conducta reiterada. Estas acusaciones se basan en la presunta participación de los implicados en actividades delictivas relacionadas con el manejo inapropiado de tarjetas de débito y el perjuicio económico hacia la administración pública.

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