Los tres ex funcionarios acusados por integrar una asociación ilícita a través de la administración de planes sociales de la provincia quedaron detenidos en prisión preventiva. Luego de un cuarto intermedio de una hora, el juez de la causa les aplicó un plazo de 4 meses.
La audiencia se realizó finalmente esta jornada, tras la renuncia del abogado que representó a todas las personas involucradas. Quienes están imputados en la causa de la estafa con planes sociales son: Ricardo Soiza (apuntado como jefe de la organización cuando ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo), Néstor Pablo Sanz (director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social) y Marcos Ariel Osuna (responsable de Gestión de Programas).
Todos fueron detenidos la semana pasada. Soiza fue el primero, durante una serie de allanamientos realizados el jueves y en los que se secuestraron computadoras, teléfonos y dinero. Los dos restantes (considerados como colaboradores directos en la ejecución de las maniobras fraudulentas) se entregaron este lunes previo a la instancia judicial.
El origen de la investigación
El 29 de noviembre de 2022, el fiscal Jefe Pablo Vignaroli formuló cargos contra 19 personas. Les imputó integrar, con distintos niveles de participación, una asociación ilícita orientada a quedarse con fondos públicos que tenían como destino original atender situaciones de vulnerabilidad producto de la desocupación.
Lo que dejó la audiencia de hoy
Desde la unidad fiscal de Delitos Económicos, el fiscal del caso Juan Manuel Narváez destacó que se constató que han desplegado maniobras de entorpecimiento de la investigación. Por este motivo, pidió 8 meses de prisión preventiva.
Esto se reveló a través de los allanamientos realizados la semana pasada más nuevos testimonios. Según relató Narváez, entre junio y julio de este año, cuatro de las personas imputadas se presentaron en el Ministerio Público Fiscal y afirmaron haber sufrido maniobras de “manipulación y amedrentamiento” por parte de los imputados y del abogado que originalmente los representó.
En esta audiencia, Osuna y Sanz fueron representados por la defensa oficial; mientras, Soiza presentó a un abogado particular. En todos los casos plantearon alternativas a la detención.
Tras escuchar a las partes, el juez desestimó los planteos de las defensas y ordenó la prisión preventiva para los tres ex funcionarios. Pero, redujo el plazo pedido por el fiscal a tan solo 4 meses.