Este miércoles comenzó el juicio para determinar la responsabilidad de 3 imputados por contaminación ambiental en el basural de San Martín de los Andes. La fiscalía cuenta 25 testigos y el caso está enmarcado por atentado contra la Salud Pública. Una de los imputadas era funcionario público.
El alegato de acusación estuvo a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y también interviene la asistente letrada de la unidad fiscal de Delitos Ambientales, Julieta González. El hecho se trató de un vertido de barros cloacales sin tratamiento en un predio que, ubicado en una cantera agotada, estaba destinado a relleno sanitario con residuos domiciliarios. Esto transcurrió por un lapso aproximado de dos años.
Todo sucedió en un predio ubicado en el kilómetro 2224 de la Ruta 40 (propiedad de una empresa de los dos varones imputados). Según la investigación, en ese lugar se gestó un convenio con la Municipalidad donde se autorizó un relleno sanitario con residuos domiciliarios.
Pero, durante el 2014, se empezaron a desarrollar proyectos de viviendas y hasta se conformó un sector de barrios denominado "Cordones del Chapelco" en las inmediaciones del cantero. En el 2017, se dispuso el cierre del relleno bajo una resolución judicial a partir de los malos olores y problemas derivados del vertido de basura.
Obeid sostuvo que la Municipalidad (haciendo alusión a la funcionaria acusada) y los acusados por parte de la empresa "no tuvieron mejor idea que a esa situación, a ese lugar, arrojarle residuos cloacales”. El predio cerró finalmente dos años después con intervención judicial.
Desde el Ministerio Público Fiscal anticiparon que el juicio constará de al menos una semana de audiencias. La teoría que la fiscalía probará durante su desarrollo es que entre el 2017 y 2019 se arrojaron barros provenientes de líquidos cloacales sin tratamiento.
Los acusados por parte de la empresa, que explotó la cantera y luego operó el predio del relleno sanitario, son dos propietarios. El delito atribuido es de "contaminación peligrosa para la salud pública, previsto y reprimido por el art. 55 de la Ley 24.051 de residuos peligroso (con remisión al art. 200 del Código Penal), 57 de la Ley 24.051 y 45 del Código Penal, en calidad de coautores".
En el sector público, la imputada es la coordinadora general del Organismo de Control Municipal que tenía a su cargo la supervisión y los controles, Julieta Muñíz Saavedra. A ella se le atribuyó los cargos de "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "delito de contaminación peligrosa para la salud pública".