La conmoción atraviesa a Coronel Suárez luego de la tragedia que terminó con la vida de un niño de 4 años y de su padre, Gustavo Suárez, de 48. El caso vuelve a poner el foco en las alertas previas y en las decisiones judiciales que se tomaron —o no— en los meses anteriores.
Todo ocurrió durante la madrugada del martes, cuando Suárez llamó a su expareja, Daiana García, para avisarle que estaba detenido con su camión sobre la ruta 60, cerca del acceso a Huanguelén, y que pensaba matar a su hijo y luego suicidarse. Desesperada, la mujer —que es policía— intentó intervenir mientras enviaba a sus compañeros al lugar. Pero cuando llegaron, el hombre ya estaba muerto con un disparo en la cabeza y el pequeño Francisco agonizaba con una herida similar. A pesar del esfuerzo médico, el niño murió horas más tarde.
El caso abrió interrogantes inmediatos sobre el historial familiar. Existían denuncias cruzadas por violencia entre ambos padres y, según el parte policial, medidas cautelares que habían vencido el 4 de diciembre. Ese antecedente encendió aún más el debate sobre la actuación judicial.
El 7 de noviembre, García había presentado una denuncia y pidió una restricción de acercamiento contra Suárez. Pero cuatro días después, el Juzgado de Garantías N°3 rechazó la medida, derivó el expediente al Juzgado de Paz y pidió la intervención del Servicio Social local. Ese mismo día, el organismo solicitó nuevas medidas de protección para el niño. Sin embargo, el 14 de noviembre, el Juzgado de Paz dictó un “cese de medidas de perturbación” y resolvió que el menor continuara viendo a su padre, argumentando que no existía riesgo extremo.
Hoy, tras el desenlace más trágico, la comunidad reclama explicaciones y el caso vuelve a exponer las fallas del sistema de protección en contextos de violencia familiar.
