ENTREVISTA CON PABLO VIGNAROLI

En las próximas horas, fiscalía irá al TSJ por la estafa

La defensa había solicitado excluir bienes de los embargos, con el argumento de que fueron adquiridos con anterioridad a las maniobras.
lunes, 19 de febrero de 2024 · 11:59

Continúa la investigación por la estafa con planes sociales que realiza el Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Esta vez el fiscal jefe Pablo Vignaroli anunció que presentará una impugnación extraordinaria para que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resuelva sobre tres embargos que quedaron sin efecto. Los embargos habían sido dispuestos a finales de noviembre por la jueza de garantías.

El fiscal Pablo Vignaroli explicó en radio AM 550 que el Tribunal de Impugnación conformado por los jueces Andrés Repetto y Nazareno Eulogio, junto a la jueza Patricia Lupica Cristo, hizo lugar a un planteo de un abogado defensor y dejó sin efecto una medida respecto de dos autos y de una casa que estaban dentro de los bienes embargados. Indicó que la defensa argumentó que  estos bienes habrían sido adquiridos con anterioridad al 30 de septiembre del 2020, fecha en la que la fiscalía entiende que habrían iniciado la maniobra de las estafas y, por lo tanto, no pueden ser objeto de embargo porque no fueron adquiridos con dinero mal habido.

Los bienes conforman sólo una fracción del capital comprendido por las medidas cautelares dictadas en el marco de la causa, entre ellos 30 inhibiciones generales y 6 sobre propiedades inmuebles: una chacra y 5 casas; también los embargos de 26 vehículos, 63 cuentas bancarias, 17 billeteras virtuales y una cuenta comitente.

Tras la resolución, Vignaroli anticipó que antes del miércoles presentará, junto al equipo de la fiscalía de Delitos Económicos, la impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del máximo tribunal de la provincia.

Señaló que la finalidad de la norma es hacer cesar los delitos, sin embargo, también permitirle al Estado enmendar los daños. En este sentido, los bienes que están dentro del patrimonio de los imputados tienen el lograr una reparación integral como consecuencia de los efectos del delito. “No se puede, en estos casos de corrupción, mirar para otro lado y dejar que no se asegure al Estado la posibilidad de hacerse de bienes de los imputados para resarcir el daño”, afirmó el fiscal.

Entre los acusados se encuentran Ricardo Soiza, director general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas; Abel Di Luca, ex ministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, ex coordinador de Administración.

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