En una audiencia realizada este martes, el Ministerio Público Fiscal dictó el embargo de propiedades, vehículos y cuentas bancarias a imputados en la causa de estafas con planes sociales. Una jueza de garantías dictó 30 inhibiciones generales de bienes y 6 sobre propiedades inmuebles.
La medida preventiva surgió por pedido de la fiscalía de Delitos Económicos para proteger los bienes que, ante una eventual condena, la fiscalía pretenderá resarcir parte del perjuicio generado. Hasta el momento, el perjuicio a las cuentas públicas alcanza los $153.377.900.
En principio, el pedido era por un total de 84 cuentas, pero la jueza Carina Álvarez aclaró que no podían abarcar la totalidad de las mismas, por lo que 21 cuentas quedaron fuera de los embargos. Finalmente, dentro de las inhibiciones se encuentran: una chacra, cinco casas, 26 vehículos, 63 cuentas bancarias, 17 billeteras virtuales y una cuenta comitente.
Por otra parte, la investigación fue prorrogada por 8 meses. Desde la fiscalía pidieron extender el plazo en tanto se termine de definir el monto total que se llevó la asociación ilícita integrada por ex funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo. Entre los jefes están: Ricardo Soiza, director general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas; Abel Di Luca, ex ministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, ex coordinador de Administración.