Comienzan las indagatorias en el caso Ávalos

A mediados de semana el juez Federal  Gustavo Villanueva iniciará la ronda de audiencias indagatorias a los veinte imputados en la desaparición forzada del estudiante universitario Sergio Ávalos, quien se "esfumó" durante una noche de esparcimiento en el boliche Las Palmas.

Entre quienes deberán presentarse a declarar, se encuentra el propietario del local nocturno, Pedro Nardadone, y el encargado del lugar, Patricio Sesnich.

Además, están sospechados quienes realizaban tareas de seguridad, entre los que se encuentran militares y policías no autorizados a cumplir con esas labores, empleados de la administración pública y otros dependientes del boliche. 

A lo largo de estos 21 años, que se cumplirán el 14 de junio, fueron múltiples las diligencias realizadas. Imputaciones, allanamientos, búsqueda del cuerpo, testimonios, cambios de abogados, y el incesante pedir de los familiares y organismos. Nada dio resultado hasta ahora.

Sergio Ávalos tenía 18 años cuando desapareció. Era estudiante de primer año de la carrera de contador público de la Unco. Esa noche había salido con tres compañeros . Los vieron ingresar al boliche Las Palmas, pero luego todo fue incertidumbre. Las 40 cámaras de seguridad del lugar dejaron de funcionar en un determinado momento de la noche, por lo que casualmente no hay registros de los movimientos del joven, aunque algunos testimonios aseguran que en el baño, la seguridad golpeó a una persona de similares características físicas a las de Sergio. Otros dicen haberlo visto muy lastimado y retenido por la seguridad del boliche. El tema es que nunca regresó a la residencia, abriendo también un interrogante hacia sus compañeros de salida.

En el 2012, la UNCo tomó fuerte partido en la causa, siendo declarada Amicus Curae, pudiendo expresar opinión fundada. En 2013, el Consejo Superior pidió el cambio de carátula para que deje de ser “averiguación de paradero” y se transforme en “desaparición forzada de persona”, fundamental para que puedan ser investigados policías y fuerzas de seguridad.

Un año después la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que se trataba efectivamente de una desaparición forzada de persona, considerándola de Lesa Humanidad por existir aquiescencia del Estado, equivalente entonces a una condena de prisión perpetua para quienes sean encontrados culpables.

En las audiencias que comienzan esta semana, no podrá estar presente la querella, aunque los abogados de la familia en su momento anticiparon que a los veinte imputados, sumarán un número similar de sospechosos, entre los que se encuentran los policías que investigaron el caso.

Todos prestarán declaración en libertad, dado que está comprobado que no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento en la investigación.