La Justicia de Río Negro decidió mantener las fuertes restricciones contra Alberto Ariaudo, el expresidente del Concejo Deliberante de Catriel que fue obligado a renunciar tras amenazar con un arma a la intendenta Daniela Salzotto. El juez de garantías prorrogó por cuatro meses las medidas cautelares, en el marco de una causa que sigue generando tensión política en la ciudad.
Ariaudo no está detenido, pero tiene vedado el ingreso al Municipio, al Concejo Deliberante y no puede acercarse a menos de 300 metros de la casa de la intendenta Daniela Salzotto ni de los demás denunciantes y testigos. También debe presentarse semanalmente ante la Justicia y no puede tener ningún tipo de contacto, ni directo ni por terceros, con las personas involucradas en la causa.
La defensa pidió que se reduzcan las restricciones, alegando que la investigación está cerrada y que su cliente tuvo un "comportamiento intachable" durante los últimos meses. Pero el juez rechazó el planteo y dio lugar a los pedidos de la fiscalía y la querella, que representa a Salzotto.
"Existen testigos y una víctima que es una mujer", dijo el magistrado. Y remarcó que se trata de un caso donde corresponde aplicar el principio de debida diligencia reforzada, tal como exige la normativa nacional e internacional en situaciones de violencia de género dentro del ámbito público.
Las amenazas que lo dejaron afuera del poder
El escándalo estalló el 14 de marzo y desde entonces, la figura de Ariaudo quedó envuelta en una tormenta judicial y política. Según la acusación, el exconcejal amenazó a un asesor del Municipio para que abandonara su cargo, luego hostigó por WhatsApp a la propia intendenta, y poco después ingresó armado al edificio municipal, exhibiendo un revólver frente a una cámara de seguridad, presuntamente con fines intimidatorios.
La lista sigue: también habría intentado golpear a un funcionario del área de Comunicación, y en otro episodio, mostró un arma en el patio del Municipio frente a dos personas. Todo eso, sin portar autorización legal para llevar un arma.
Los cargos que pesan sobre él son coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, todos en grado reiterado.
Prohibido acercarse, hablar o presionar
Mientras el caso avanza hacia el juicio oral, Ariaudo seguirá con las mismas condiciones: sin poder pisar el Municipio ni el Deliberante, sin contacto con la intendenta ni testigos, y bajo vigilancia judicial.
La medida tiene una fecha límite: cuatro meses más o hasta que arranque el juicio. Pero el mensaje judicial fue claro: la violencia política y de género no será minimizada. En Catriel, el poder se reacomoda con una advertencia contundente para todos: las amenazas ya no se resuelven con silencio o internas, sino en los tribunales.