Una mujer que intentó ingresar droga dos veces a la Comisaría 28° donde estaba su marido detenido en Bariloche pero no irá presa: la Justicia Federal le concedió una probation, que le impone un año de reglas de conducta y el pago de la ínfima suma de 200 mil pesos que serán destinados al hospital público Ramón Carrillo de esa ciudad para zafar de la cárcel.
El primer episodio ocurrió el 30 de junio de 2023, cerca de las ocho de la noche. Jennifer Mabel Silva llegó a la Comisaría 28, en el Alto de Bariloche, para visitar a Fabián Santibáñez, detenido por robo. Como es costumbre, los policías revisaron lo que llevaba. Al abrir un trozo de pan encontraron escondido un envoltorio con cocaína. Eran 1,66 gramos, por lo que dieron aviso inmediato a la Delegación de Toxicomanía, que secuestró la droga.
Lejos de desistir, Silva volvió a intentarlo tres meses después. El 27 de septiembre otra vez pidió ver a Santibáñez. Esta vez la descubrieron cuando, tras pedir permiso para ir al baño, le entregó una bolsa que contenía 0,38 gramos de cocaína. También quedó detenida y la Justicia Federal la imputó por "suministro de estupefacientes ocasional y a título gratuito, agravado por ocurrir dentro de un establecimiento de detención, en grado de tentativa".
La causa avanzó y el 1 de septiembre de este año se realizó una audiencia en la que la defensora pública Gabriela Labat pidió que le concedieran la probation. Argumentó que Silva no tenía antecedentes, que la droga era escasa y que correspondía aplicar el criterio del fallo Acosta de la Corte Suprema. El máximo organismo judicial consideró irrazonable que la probation solo pudiera aplicarse a delitos con una pena máxima de hasta tres años. En cambio, determinó que se debía hacer una interpretación que permitiera conceder la probation cuando sea probable una condena condicional (menor a tres años), incluso si la pena abstracta es mayor.
La propuesta estableció que durante un año deberá cumplir reglas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio, presentarse cada tres meses en la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y abstenerse de consumir drogas o abusar del alcohol. Además, en lugar de hacer tareas comunitarias, deberá donar 200 mil pesos al hospital público de Bariloche, en cuatro cuotas mensuales de 50 mil.
El fiscal Diego Martín Paolini apoyó el planteo y el juez federal Alejandro Silva lo avaló. En su resolución sostuvo que no había motivos para rechazar el pedido de las partes. La mujer se fue con una advertencia clara: si incumple alguna de las condiciones, le revocarán el beneficio y la causa seguirá adelante.
