El nombre de Maru Botana volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se conociera una denuncia judicial que involucra directamente a su entorno más íntimo. La reconocida pastelera y su esposo, Bernardo Solá, fueron demandados por una exempleada que aseguró haber sufrido situaciones de hostigamiento y acoso laboral mientras trabajaba en uno de los locales gastronómicos de la familia.
La información fue revelada por Ángel de Brito en el programa LAM, que se emite por América TV, donde el conductor aseguró contar con documentación oficial del caso. “Escándalo judicial con Maru Botana, tengo papeles”, lanzó al aire, marcando la gravedad del asunto y anticipando que se trataba de una denuncia que ya había llegado a instancias formales dentro del ámbito judicial.
Según explicó el periodista, no se trata de un episodio aislado. De Brito contó que tiempo atrás una mujer se había comunicado con el programa denunciando situaciones similares, pero que en aquel momento todo se resolvió mediante un acuerdo judicial que evitó que el caso tomara estado público. Esa resolución previa habría frenado cualquier testimonio televisivo.
En esta oportunidad, la denuncia avanzó de manera concreta. La exempleada trabajaba en el local ubicado sobre la calle Echeverría y decidió demandar tanto a Maru Botana como a su esposo por deudas salariales. Sin embargo, el punto más delicado del escrito apunta directamente contra Bernardo Solá, a quien acusa de acoso y hostigamiento laboral de manera reiterada.
Durante el programa, Ángel de Brito leyó fragmentos del documento presentado ante la Justicia. Allí se detalla que Solá “habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora y de las otras trabajadoras”, una conducta que generó incomodidad constante en el ámbito laboral y afectó directamente a la denunciante en su día a día.
El escrito agrega un dato contundente: la mujer se vio obligada a modificar su apariencia para evitar ese tipo de miradas. Según consta en la denuncia, dejó de maquillarse y comenzó a asistir al trabajo “más desprolija”, como una forma de autoprotección frente a una situación que consideraba invasiva y humillante.
Ante la gravedad de la acusación, los abogados de las partes avanzaron en un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación judicial y se concretó el pago de un monto que inicialmente estuvo embargado, tras lo cual se pidió el levantamiento de esa medida cautelar, según explicó De Brito en el ciclo.
Finalmente, el conductor leyó el cierre del acuerdo: la denunciante reajustó su reclamo hasta alcanzar los 50 millones de pesos, incluyendo intereses. Por su parte, los demandados aceptaron pagar esa suma “sin reconocer hechos y al solo efecto conciliatorio”, dando así por terminado el conflicto en el ámbito judicial.
