Un empresario cipoleño fue enviado a prisión preventiva por ocho meses, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que estafó a decenas de personas en su sueño de la casa propia. La Justicia entendió que su conducta amenazante y el riesgo de entorpecer la investigación hacían necesario mantenerlo tras las rejas.
La investigación apunta a Guillermo Díaz, quien manejaba la firma Age Desarrollos. La empresa ofrecía mejoras habitacionales y construcción de viviendas a cambio de fuertes sumas de dinero, pero las promesas quedaban en nada. Publicitaban sus servicios en medios gráficos y cartelería en la vía pública. Incluso tenían oficinas en pleno centro de Cipolletti, lo que reforzaba la apariencia de una compañía sólida y confiable.
Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un negocio sucio. Las víctimas entregaban ahorros de toda una vida y en muchos casos solo recibían bases mal hechas o estructuras incompletas. Uno de los casos más duros es el de un vecino que entregó 88 mil dólares para levantar su casa, pero apenas recibió un 30% de la obra, con materiales inadecuados y riesgo estructural. Hasta la propia abogada de la empresa terminó engañada: le pagaron sus honorarios con un terreno que no era de la firma.
El expediente sumó víctimas e imputados en los últimos meses, y permitió acreditar que existía una organización armada con reparto de roles. La calificación legal es por asociación ilícita en concurso con estafas, lo que prevé penas de entre 5 y 15 años para el jefe de la banda y de 3 a 10 años para el resto de los integrantes. Entre los acusados figuran la pareja de Díaz, su hija y un socio.
En las audiencias, los testimonios de ex empleados revelaron que Díaz dirigía todo el negocio sin figurar formalmente como socio en otra firma, llamada Le Bleu. La Justicia también valoró un antecedente que lo tiene como protagonista: en 2021 fue denunciado por amenazar con un arma a su hermano, aunque la causa no prosperó por su estado de salud tras un cuadro de COVID-19.
Otro punto que pesó fue su comportamiento reciente. Durante la última audiencia, Díaz interrumpió a los jueces, habló en tono prepotente y hasta amenazante. Una víctima denunció que recibió advertencias telefónicas en las que le advirtieron que “aparecería en una zanja” si continuaba con la causa. Para los magistrados, todo esto demostraba que podía obstaculizar el proceso.
Mientras tanto, la investigación detectó que, al mismo tiempo que dejaban las obras inconclusas a los damnificados, la organización levantaba un hotel de dos millones de dólares en Villa La Angostura, registrado a nombre de la hija del empresario. Esa obra, admitida por el propio Díaz en audiencia, refuerza la hipótesis de que el dinero de las estafas era derivado a fines personales.
Además, hay otro legajo en trámite en el que deberá llegar a un acuerdo con víctimas para devolver dinero recibido en operaciones similares. Si no lo hace, su situación judicial podría complicarse todavía más.
