Tras un fallo judicial que tuvo la asistencia de la Defensa Pública de El Bolsón, se otorgó el uso de una casa familiar a una mamá y su hija menor de edad. La justicia consideró los derechos de la nena el estado de vulnerabilidad en el que estaban ella y su madre, más allá del plazo que estipulan por las normas para la adjudicación de la vivienda familiar.
Luego de una separación conflictiva en la que hubo violencia, una madre y su hija menor de edad tuvieron que dejar el hogar familiar hace seis años. Desde entonces, el padre ocupó la propiedad de forma exclusiva, mientras que la madre tuvo que buscar donde vivir, y tuvo que arreglárselas en un pequeño espacio, muy precario, que le prestaron familiares, sin cocina ni baño propio.
Por eso, la mujer pidió la asistencia judicial de la defensa Pública, para que le den la posibilidad de vivir en ese inmueble familiar, al menos hasta que su hija sea mayor de edad.
"Más allá de las normas que regulan el uso de la vivienda tras el cese de una unión convivencial (tal lo normado en el artículo 526 del Código Civil y Comercial), el caso debía resolverse ponderando el interés superior de la niña, consagrado en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Sostuvo que el plazo de dos años previsto en dicho artículo para la atribución entre convivientes no podía ser un obstáculo cuando estaban en juego los derechos de una niña, especialmente su derecho a la vivienda como parte de la obligación alimentaria de sus padres", planteó el Defensor Oficial, que argumentó en representación de la madre y la niña.
Como argumento, habló de la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda adecuada para la nena, lo cual consideró un "interés superior". Señaló que hay desventaja y vulnerabilidad habitacional, lo que contrastaba con la comodidad del progenitor, que ocupaba solo la casa que originalmente había sido adjudicada por el Municipio para ambos, para el proyecto familiar.
El padre, representado también por la Defensa Pública, planteó excepciones de prescripción tales como el tiempo transcurrido desde la separación, la falta de legitimación activa y la existencia de un juicio de alimentos.
Ante el requerimiento de la Defensa Pública, la magistrada que intervino resolvió devolver la casa a la madre y su hija, hasta que la nena sea mayor de edad.
Quedó acreditado que vivían en condiciones de vulnerabilidad habitacional, y que el progenitor ocupaba en exclusividad la casa. Por eso, el hombre tiene 15 días para dejar deshabitada la propiedad, y lo obligaron a entregar las llaves en las dependencias judiciales, bajo apercibimiento de ordenar el desalojo por intermedio del Oficial de Justicia.
Para colmo, es la madre quien sustenta la economía familiar con los ingresos de su trabajo, por eso la dificultad para cubrir las necesidades indispensables de ella y de su hija. Gracias a eso pudo conseguir donde vivir y cómo cuidar de su niña, pero con condiciones de precariedad, y además, con la ayuda de su familia.
El defensor dijo que este fallo "refuerza la idea de que el derecho a la vivienda digna es fundamental para el desarrollo infantil y que las herramientas legales deben interpretarse siempre a la luz del interés superior del niño, garantizando soluciones justas incluso frente a defensas formalmente viables".
Para resolver inquietudes sobre este y otros temas judiciales, en El Bolsón se puede ir al edificio de la Ruta 40, Acceso Norte esquina Juan B. Justo, o llamar al teléfono (0294) 4491998.