Lo que había comenzado como una reunión distendida entre conocidos, con comida, alcohol y un partido de truco, terminó de la peor manera. La madrugada del 1 de junio de 2025, en una vivienda del barrio 114 Viviendas de Loncopué, un hombre murió tras ser atacado de forma sorpresiva por quien compartía la mesa de juego.
Este viernes, en una audiencia judicial, se resolvió que el imputado por el hecho sea juzgado por un tribunal de jurados populares, tal como lo solicitó la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo. La decisión fue adoptada por el juez de garantías Ignacio Pombo, quien dio por controlada la acusación y habilitó el pase a la etapa de juicio.
El crimen en medio de una partida de truco
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada, cuando varias personas se encontraban reunidas en una casa del barrio. En ese contexto, mientras jugaban a las cartas, el imputado se levantó de su silla y, sin mediar palabra, atacó a la víctima con un cuchillo que llevaba oculto entre sus ropas.
La puñalada fue directa al pecho, a la altura del corazón. De acuerdo con la acusación, el ataque fue súbito y a traición, sin que la víctima tuviera posibilidad alguna de defenderse. La herida provocó un taponamiento cardíaco que causó la muerte casi de manera inmediata.
La fiscal Pizzipaulo sostuvo que el acusado conocía el estado de vulnerabilidad de la víctima, quien presentaba 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel de intoxicación que, según el informe médico, le impedía reaccionar ante una agresión inesperada.
Ese contexto fue clave para que la fiscalía encuadre el hecho como un homicidio agravado por alevosía, al considerar que el imputado se aprovechó deliberadamente de la indefensión de la víctima.
La calificación y la pena esperada
El delito fue calificado provisoriamente como homicidio agravado por alevosía, en calidad de autor, una figura que prevé penas superiores a los 15 años de prisión. En función de esa calificación, el MPF solicitó que el caso sea juzgado por un jurado popular, pedido que finalmente fue aceptado por el juez.
En el requerimiento de apertura a juicio, la fiscalía ofreció una amplia batería de pruebas. Entre ellas, se incluyen testimonios de personas que estaban presentes en la reunión, informes de criminalística, pericias médico-forenses, estudios toxicológicos y el secuestro del arma blanca que habría sido utilizada en el ataque.
De esta manera, el caso avanza hacia una instancia clave, en la que serán ciudadanos y ciudadanas quienes deberán analizar la prueba y determinar la responsabilidad penal del acusado por un crimen que, según la acusación, se desencadenó de manera inesperada durante una simple partida de truco.
