La Justicia condenó a tres años de prisión en suspenso con inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos públicos en todos los estamentos del Estado a Verónica Pino, ex empleada del Tribunal de Faltas, acusada junto con otros dos agentes de esa repartición, de eliminar multas y emitir certificados apócrifos de libre deuda.
El abogado querellante de la Municipalidad, Javier Pino, recordó que el proceso fue impulsado por el fiscal Marcelo Jara e informó que la condena fue dispuesta por el juez penal Lucas Yancarelli.
"Es una fallo ejemplificador”, sostuvo, "quedó probada la maniobra defraudatoria en perjuicio al erario público municipal”. Los otros dos acusados son José Riffo y Matías Basílico.
"La causa de Riffo está pendiente de prueba mientras que Basílico, que estaba prófugo y se había pedido la captura nacional e internacional, se presentó el lunes pasado a la audiencia y se formularon cargos por violación de documento público y por violación de medios de prueba”, explicitó el apoderado legal del municipio.
Pino recordó que en junio pasado el fiscal Jara les imputó a los tres agentes el delito de defraudación doblemente agravado por ser cometido por funcionarios públicos y en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores, previsto y penado en los artículos 45 y 173, incisos 16 y 174 del Código Penal.
La maniobra fue descubierta en octubre de 2016 y la denuncia fue presentada por el intendente Horacio Quiroga en conjunto con la titular del Juzgado N°1, Gabriela Del Campo. Al momento de detectarse la maniobra defraudatoria, Pino y Basílico revestían funciones en el Tribunal de Faltas como contratados, por que fueron desafectados de manera inmediata de la planta.
A Riffo, en cambio, por ser de planta permanente, se le inició un sumario y se determinó una suspensión sin goce de haberes hasta tanto se conozca el fallo de la Justicia.
Acerca de la condena a prisión de Verónica Pino, el abogado de la Municipalidad aclaró que "por un tecnicismo legal que incumbe a todas las condenas a tres años se cumple en suspenso pero se incorpora a los antecedentes del penado revistiendo además ciertas condiciones como presentarse periódicamente ante el Juez Penal”.
La maniobra defraudatoria consistía en eliminar multas y emitir certificados apócrifos de libre deuda a contribuyentes. Este hecho se complementaba en ocasiones reinsertando los datos verdaderos en el sistema con el objeto de ocultar el hecho en la red informática.
La Fiscalía pudo comprobar un perjuicio al erario público de al menos $142.002.