El fiscal federal de General Roca, Alejandro Moldes, solicitó que se cite a declaración indagatoria a Rubén López, ex legislador provincial de JSRN y secretario general del gremio de los Obreros y Empacadores de la Fruta, en una causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero desde 2006 a la fecha. En la misma citación se requirió el comparendo de otras siete personas -familiares, allegados y directivos del gremio-. La citación fiscal es por su presunta responsabilidad en maniobras de lavado de activos provenientes de defraudaciones con "maniobras cometidas contra el sindicato y la obra social". Según la investigación, iniciada a partir de una denuncia formulada por el Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), al menos desde 2006 hasta la actualidad los imputados actuaron de manera “continua, conjunta y organizada” para adquirir y poner en circulación bienes provenientes de hechos delictivos, por un monto aproximado de 1,5 millones de pesos.
El escrito de Moldes contiene un detallado análisis del perfil fiscal y situación patrimonial de cada uno de los imputados, cuyo denominador común es "una marcada incongruencia entre los ingresos o actividad formalmente declarada y el alto poder adquisitivo exteriorizado". Esto último se evidencia "a partir del uso de inmuebles suntuosos, autos importados de alta gama (a nombre de familiares, prestanombres o del propio sindicato, pero que utilizaban como propios) y en los movimientos financieros registrados en las sociedades comerciales constituidas por familiares". La Fiscalía remarcó que los imputados incrementaron injustificadamente su patrimonio durante y posteriormente al período en que Héctor Rubén López ocupó el cargo de presidente de la obra social y secretario general del sindicato, con Domingo Lescano como tesorero de la primera y secretario gremial del segundo.
La información oficial consigna que "al referirse a la materialidad del hecho bajo análisis, el grado de participación y la responsabilidad de los acusados, la Fiscalía puso de relieve que los mismos conformaron una estructura criminal que operó con habitualidad, a través de la conformación de una serie de firmas y emprendimientos comerciales, entre los que se encuentra un salón de eventos denominado “La Ponderosa”. En algunos casos, las sociedades dieron lugar a Reportes de Operaciones Sospechosas por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) ante la falta de información que respaldase el origen de los fondos ingresados. En otra oportunidad, por ejemplo, una inspección realizada por la AFIP a una de las sociedades puestas en cabeza de un familiar de López concluyó que durante el período fiscal 2016 la firma había registrado ventas netas declaradas por $772.901 y, contrariamente a ello, acreditaciones bancarias por más de $1,8 millones, es decir, más del doble".
El escrito de Moldes detalló que “se ha podido establecer, hasta el momento, que los investigados han utilizado estructuras societarias y terceras personas de manera coordinada, con el objetivo de ocultar réditos económicos ilícitamente obtenidos a partir de las conductas defraudatorias cometidas contra las arcas del sindicato, la obra social y contra sus afiliados, con capacidad para afectar al mercado económico y financiero al intentar darle apariencia de licitud a ese dinero obtenido ilegítimamente, utilizando distintos negocios jurídicos o bien creando empresas con distintos socios para engañar al Fisco e incluso llegando a evadir tributos del Estado Nacional”, concluyó el fiscal.
