PARA CUMPLIR CON LA LEY
Buscan que se responda sobre información pública
La idea es hacer cumplir el artículo de la Constitución provincial, que obliga a responder pedidos de informes de legisladores.
El diputado Raúl Podestá presentó el pasado viernes un proyecto de ley para reglamentar el artículo 185 de la Constitución provincial que establece la obligatoriedad de las reparticiones públicas y empresas concesionarias de servicios públicos de dar informes a los diputados/as provinciales cuando sean requeridos.
La iniciativa establece que los pedidos de informes escritos, hechos en forma individual o colectiva, en los términos previstos por el artículo 185 de la Carta Magna dirigidos a reparticiones públicas, organismos autárquicos y/o empresas de servicios públicos provinciales, deberán ser contestados dentro de los 15 (quince) días hábiles, desde la recepción de los mismos. Por razones debidamente justificadas, previa notificación al requirente dentro del plazo otorgado, se prorrogará automáticamente por 5 (cinco) días hábiles más.
El legislador establece en su iniciativa que la respuesta al pedido de informes deberá ser completa, detallada y en caso de corresponder, debidamente documentada. Su falta de respuesta o la insuficiencia de la misma, dentro de los plazos previstos, habilitará al/la legislador/a a requerir judicialmente la imposición de sanciones conminatorias diarias al titular y/o responsable de la repartición provincial, organismo autárquico o empresa pública, a fin de hacer cesar el estado de incumplimiento a lo que marca el artículo 185 de la Constitución Provincial.
Sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que correspondan imponer, la reiteración de conductas de incumplimiento de la obligación que establece el artículo de referencia de la Constitución, se considerará como una violación a los deberes de los funcionarios públicos, en los términos del Código Penal.
Podestá destaca en los fundamentos del proyecto de ley que " la obligatoriedad debe ser acompañada de plazos y sanciones, pues de lo contrario nos encontramos con situaciones, como las que se dan en la actualidad, en las que los funcionarios pueden optar si contestan o no los distintos pedidos de informes que les son requeridos, o hacerlo a través de respuestas vagas e imprecisas, desvirtuando de ese modo la voluntad del constituyente al incluir esta obligación en el articulado de nuestra Constitución Provincia".
