Servicio eléctrico, el caso Edesur: ¿entre lo público o privado?

Por Carlos Ciapponi (*)

En estos días es noticia una de las dos distribuidoras mas grandes del país, Edesur, propiedad del grupo ENEL de origen italiano, y que presta servicio de distribución eléctrica al 50 % de los ciudadanos del gran Buenos Aires.

Una vez más, debido a los continuos y prolongados cortes en el suministro, se pone de manifiesto el descontento de muchos usuarios, cuestión absolutamente lógica, si aceptamos el alto nivel de dependencia eléctrica, en la vida cotidiana. Ante estos reclamos, un grupo de intendentes y especialmente el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, le solicitó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, más conocido por sus siglas como el ENRE, la rescisión de la concesión de la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica que posee Edesur.

Como casi siempre, en Argentina, se genera un debate, sobre si cualquier actividad debe ser estatal o privada, como si una u otra opción fueran solución para los problemas que afectan a los ciudadanos, sea la actividad de que se trate.

En este caso, el del Servicio de Electricidad, el objetivo a lograr es dar un servicio con la mayor calidad posible, y por tratarse de un servicio esencial para la vida de los ciudadanos, en los hogares, comercios e Industrias, además de la calidad, el servicio debe brindarse a todos los ciudadanos. Como todo servicio, tiene un costo y debe ser abonado por los usuarios del servicio, por medio de una tarifa, que permita a la distribuidora funcionar adecuadamente para cubrir los dos objetivos señalados anteriormente: llegar a todos los ciudadanos y con un buen nivel de calidad.

Y estos dos objetivos, no se logran simplemente por que la distribuidora sea pública o privada, se logran con planificación y reglas claras a la hora de determinar los costos, la tarifa, el VAD y por sobre todas las cosas, el cumplimiento irrestricto del Marco del Funcionamiento del Sistema Eléctrico Argentino, determinado por las leyes 24.065 del MEM y la ley 15.336 Régimen de Energía Eléctrica a nivel Nacional.

Insisto, no se trata de “público o privado”, ni sólo de Edesur, el problema de la falta de calidad de servicio, tarifas abultadas o insuficientes, ciudadanos sin servicio que se conectan clandestinamente, es una foto que se repite en muchísimas jurisdicciones de nuestro país.

Es, para mí, lo público y lo privado en conjunto, cada uno cumpliendo con su parte.

El privado, haciendo eficiente sus instalaciones y personal, proyectando y ejecutando las inversiones, presentando toda la información necesaria para demostrar el costo justo del servicio, con una rentabilidad aceptable.,

Lo público, el Estado, en su rol de control, mediante la Secretaría de Energía, el Consejo Federal de Energía Eléctrica, el ENRE, haciendo cumplir, el marco regulatorio y el cumplimiento de las dos leyes antes mencionadas. Asistiendo a aquellos usuarios, que, por su situación socioeconómica, tiene dificultades para poder pagar sus boletas de energía.

Volviendo al caso Edesur, podemos sencillamente saber donde se origina el problema que sufren los ciudadanos del conurbano bonaerense.

Se debe saber, que el Grupo controlante ENEL, cuenta entre sus accionistas a Nicky Caputo en el negocio de la distribución eléctrica, que también operan en el Transporte de energía, mediante la empresa Yacylec, que fuera propiedad de la familia del ex presidente Macri, entre otras, ya que también tienen acciones en Transer SA, la mayor transportadora en extra alta tensión en Argentina y además tienen, entre otras, la concesión de la Hidroeléctrica El Chocón.

Aquí hay una violación flagrante a la ley 24.065 que claramente no se puede intervenir en los tres eslabones de la cadena, generación, transporte y distribución. Esto es lo que da origen a la situación de oligopolio que se da en el Mercado Eléctrico Argentino, no solo ocurre con ENEL, algo similar se da con el grupo PAMPA ENERGÍA, dueños de Edenor, accionistas de Transener en el Transporte de energía y de la hidroeléctrica piedra del águila, entre otras , en el Sector de generación.

Los defensores de lo “privado” deben reconocer lo dañino que es para el libre mercado, la situación de oligopolio. Reglas claras, reclaman, pero no cumplen con la ley. O la modifican con resoluciones a medida, mediante lobbys de sus CEOs con distintos funcionarios públicos. Se adueñan de las asociaciones que forman parte de CAMMESA y por lo tanto la controlan.

Los defensores de lo “público” deben exigir a los funcionarios y a la clase política, que aseguren el cumplimiento de las leyes, Que los organismos técnicos de control estén conformados por personas capacitadas para tal fin, que cuenten con los recursos necesarios para realizar esa tarea. Y tener definido un plan estratégico a largo plazo. Nada de esto ocurre hoy, el apagón del día del padre en el 2019, la falta absoluta de explicaciones y de responsabilidades sobre lo sucedido a mas de un año, me exime de cualquier comentario.

La escalada de hasta un 2600 % de la tarifa a usuarios finales, con la consiguiente ruptura de la cadena de pagos, que llevó a la interrupción del servicio a miles de ciudadanos, comercios y empresas como una cara de la moneda y de la otra cara, las ganancias exorbitantes de los grandes jugadores del negocio eléctrico argentino.

La calidad de servicio esta lejos de lo que debe ser, las inequidades desde lo económico están a la vista.

La responsabilidad primera, por tratarse de un servicio público es del Estado, y también es necesario la participación del sector privado, que deberá cumplir con lo que declama, reglas de juego claras y previsibilidad.

No se trata de “privado o público”, se trata de comprometerse cada uno en su espacio de actuación, con los mejores recursos humanos disponibles y con honestidad intelectual y moral.

(*) Presidente de CALF (Cooperativa Eléctrica de Neuquén).