Destituyeron a la jueza que insultaba a sus empleados

Por mayoría, el Consejo de la Magistratura decidió destituir del cargo de jueza de El Bolsón a Erika Fontela. Todos los consejero coincidieron en que existieron "graves desarreglos de conducta" con situaciones de maltrato. Y 6 de los 8 integrantes votaron por la destitución, 2 por la suspensión de 60 días, entre ellos el legislador cipoleño Marcelo Mango, quien aseguró que le pasaron factura por intervenir en contra del magnate Joe Lewis en el conflicto de Lago Escondido.

La mayoría entendió que "se fue desgastando la relación de Fontela con parte del personal del organismo a su cargo, en virtud de distintos episodios, y cómo ello afectó al resto de los integrantes que eran testigos directos del malestar de sus compañeros, al punto de ocasionar una atmósfera laboral tensa entre los agentes del Juzgado”.

En los testimonios quedó claro que "el ambiente enrarecido del organismo se originó en conductas de la propia magistrada y no, como pretendió mostrar la Defensa, por inconvenientes o dificultades estructurales y funcionales. A este respecto, la Jueza debió mantener la templanza actuando con la prudencia y el decoro del cargo que ostenta y no acudir a medios de agresión verbal, elevando el tono de voz o utilizando términos descalificativos tanto personales como profesionales”, argumentaron.

El maltrato se tuvo por probado y que generaron diversos pedidos de licencia prolongadas por enfermedad, la renuncia de una empleada, el pedido de traslado y tratamientos psicológicos y psiquiátricos de algunos empelados, con diagnósticos de estrés graves y estado de tensión crónico, compatibles con climas de violencia laboral, según los especialistas de la psicología.

Según el documento oficial, la jueza “ha desarrollado un comportamiento ético-jurídico manifiestamente abusivo, humillante y autoritario, que degradó la convivencia interna en el organismo, situación que pone de manifiesto una falta de idoneidad en el manejo del recurso humano”, resalta.

La mayoría estuvo compuesta por el juez del STJ Ricardo Apcarián, los representantes del colegio de Abogados Silvio Raúl Barriga, Claudia López y Erica Alday y los legisladores Lucas Pica y Julia Fernández.

En tanto que entre los dos disidentes estuvo el del cipoleño Mango, como legislador del Frente de Todos. Precisamente él hizo referencia a que era necesario contextualizar los hechos. Aseguró que el Juzgado, recién creado, tenía “escasa infraestructura, insumos y muebles, lo que motiva que efectúe reiterados pedidos a la superintendencia”. Aclaró que “nada justifica un hecho de maltrato. Pero evidentemente, este contexto, influyó y superó a la magistrada”.

Mango hizo referencia a un pase de factura del oficialismo: "estos autos surgen después del fallido intento de cumplimiento del fallo de Tacuifí, de parte de la Jueza. La mera posibilidad de injerencia del ciudadano británico Joseph Lewis en la designación o remoción de jueces de la Provincia de Río Negro, tema de debate y análisis en esta causa, configura una vergüenza institucional y una afrenta al estado de derecho y a la democracia misma”.

En cuanto a los hechos, entendió “acreditado el maltrato laboral y encuadrado en la causal desorden grave de conducta” y aseguró que “la conducta desplegada por la funcionaria sumariada resulta contraria a lo que se espera de su desempeño como integrante del Poder Judicial, dada la importancia de la función que se le encomienda cumplir”. 

Finalmente, respecto a la pena, afirmó que “al momento de dictar una sentencia condenatoria o absolutoria hay que tener en cuenta principios de proporcionalidad y razonabilidad” y tener en cuenta fallos anteriores del Consejo de la Magistratura. Propuso, entonces, 60 días de suspensión.

Otro que votó en contra fue el representante de los jueces, Jorge Serra, quien luego de coincidir con la mayoría en la acreditación de los hechos, pero planteó su negativa respecto a la  destitución. “Los hechos acreditados efectivamente han creado un clima hostil de trabajo, un trato inapropiado a un letrado del foro” pero no “no puedo soslayar que el personal con que el Tribunal comenzó a funcionar, estuvo integrado casi en forma absoluta por ingresantes sin experiencia previa en tareas judiciales”.

El fallo al que hace referencia Mango es de 2009 y ordena que la provincia y Hilden Lake (la empresa del magnate ingles Lewis) debían abrir el camino Tacuifí para garantizar el libre acceso a lago Escondido. Lewis mantiene cerrado el camino desde que compró las tierras de manera dudosa en 1996, son más de 11 mil hectáreas. Las mansiones del magnate ingles están construidas sobre el camino original, que es la traza que la Justicia ordenó respetar y que nace en el paraje El Foyel. Pese al paso de los años, aún no se cumplió.

Fontela fue separada del cargo cuando estaba por realizar un reconocimiento judicial del camino de Tacuifí con vecinos y organizaciones presentadas en el expediente en calidad de amicus curiae.

También tuvo en cuenta “falencias” en cuanto a la cantidad de personal, por la llegada a posteriori o las licencias prolongadas. De esta manera, propuso aplicar “el máximo plazo de suspensión” previsto en la normativa, es decir, 60 días, sin goce de haberes.

El juicio se desarrolló durante cuatro jornadas, tres con alegatos de apertura y testigos, de manera presencial, y una cuarta con los alegatos de clausura, de manera remota. El Procurador Jorge Crespo pidió la destitución y el defensor Rodrigo solicitó la absolución y, subsidiariamente, una suspensión por un mes.