“Esto es así”, le respondió Gustavo Mercado, más conocido como “Pistola”, a un albañil del barrio Copol Oeste, uno de los beneficiados por los planes sociales cuya megaestafa se está juzgando en el proceso judicial que se inició esta semana en la Ciudad Judicial. La frase de “Pistola” fue en respuesta de la afirmación “Me estás cagando” que le hiciera el albañil cuando le reclamó que en su cuenta había 52.000 pesos pero sólo recibía 4.000 correspondiente al “supuesto” plan social. Durante cuatro meses, el albañil, que había sido reclutado por “Pistola” en una obra en construcción, percibió sólo una porción de ese dinero como beneficiario de los programas de desempleo.
Como el albañil, de 34 años, otros ocho beneficiarios declararon este viernes, entre ellos desempleados, amas de casa y hasta una agente de policía. Todos ellos coincidieron en la maniobra de contacto, reclutamiento y pago del plan social. Una vez que se le entregaba la tarjeta de débito en el Banco Provincia del Neuquén (BPN), los beneficiados nunca la tenían en su poder. Afirmaron que entregaban sus tarjetas a otras personas, quienes asistían al banco a retirar el dinero y sólo cobraban una porción del subsidio en efectivo. Los montos que percibían oscilaba entre los 3.000 a 4.000 pesos, y, en algunos casos, 10.000 pesos, monto que fue el último que recibieron cuando se destapó la maniobra ilícita.
El juicio oral por la megaestafa con planes sociales tiene 14 imputados, entre exfuncionarios y empleados del ministerio de Desarrollo Social del anterior gobierno provincial y particulares.
La causa investiga una supuesta megaestafa con planes sociales por un perjuicio superior a los 153 millones de pesos ocurrida entre 2020 y 2022. La actualización realizada en septiembre del año pasado elevó la suma a más de 1.000 millones de pesos. Las audiencias del juicio se desarrollarán hasta septiembre. En un principio se citaron a 211 testigos.
Catorce personas llegan al juicio, imputados por conformar una asociación ilícita con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso de tarjetas de débito sin debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9.303 hechos.
“Pistola” forma parte del grupo de exempleados de planta y contratados en el Ministerio de Desarrollo Social que dividían sus tareas en reclutadores (de beneficiarios de planes sociales) y extractores (les vaciaban las cajas de ahorro ya que les retenían las tarjetas de débito).
El albañil del barrio Copol precisó frente a los jueces que “Pistola”, uno de los tantos apodos de Mercado, fue quien le ofreció anotarse para cobrar un plan social. Aclaró que en ningún momento le pidieron que a cambio de recibirlo debía asistir a marchas o encuentros políticos.
"Estas personas nos usaron por la necesidad que teníamos de dinero"
Otra de las testigos que declaró fue una ama de casa y vendedora ambulante de 55 años. La mujer precisó que un amigo de su hijo, al que conocían por el apodo "Pistola", le ofreció cobrar el beneficio con solo enviarle una copia del DNI. Afirmó que recibió dos pagos de 4.000 pesos y el último, de 10 mil pesos, "antes de la pandemia". "Me sentí usada, estas personas nos usaron por la necesidad que teníamos de tener un ingreso", dijo la mujer que estalló en llanto.
Los testigos describieron que una vez que les pedían la copia del documento de identidad para ingresarlos al listado de beneficiarios, los convocaban a una sucursal del Banco Provincia de Neuquén donde tramitaban una tarjeta de débito. Firmaban el recibo de entrega de la tarjeta, pasaban por un cajero automático para activarla con una clave y luego se la entregaban a esta persona que los esperaba fuera de la entidad bancaria. Además de la tarjeta, el beneficiado le daba la clave. Los subsidios eran entregados por parte de quienes retenían sus tarjetas en efectivo en lugares públicos o domicilios particulares. Según lo que declararon los testigos, recibieron sumas de entre 3.000 y 10.000 pesos al menos por cuatro meses.
Mercado es uno de los nueve imputados que ya fueron condenados porque aceptaron su responsabilidad y cumplen una pena de 3 años de prisión en suspenso. Los otros son Omar Ulises Rodríguez Quezada, Aaron Escobar, Carolina Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño, Pamela Alejandra Cea, Rodolfo Adrián López y Andrés Meza Lizama.
Los niveles de la asociación ilícita
El Ministerio Público Fiscal sostiene que la asociación ilícita que estafó con los planes sociales está dividida en cinco niveles de responsabilidad.
Los jefes eran Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización; Marcos Osuna, a cargo del departamento de Gestión de Programas; Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social, y Tomás Siegenthaler, Coordinador Provincial de Administración.
Soiza, Sanz y Osuna estuvieron detenidos con prisión preventiva y en la actualidad cumplen prisión domiciliaria.
En el siguiente nivel (colaboradores de los jefes), Luis María Gallo, exdirector general de Finanzas; Laura Reznik, quien ocupó el mismo cargo, y Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería.
Entre el grupo de recaudadores está Isabel Montoya; los extractores Valeria Honorio (empleada de planta política), Ariel Krom (planta permanente), Emanuel Victoria Contreras (planta política), y beneficiados Fernando Cardozo Regidor y el abogado Alfedo Cury.