El ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Tobares, habló sobre los datos que arrojó la auditoría que ordenó el gobernador Rolando Figueroa y que reveló que al menos 700 empleados públicos cobraban planes sociales.
El ministro manifestó en radio MITRE PATAGONIA que “esta es una situación irregular y un hecho de corrupción" ya que "el empleado público tiene su propio salario, pero además estaba percibiendo una ayuda social que está destinada a personas que están en situación de vulnerabilidad”.
Explicó que una vez detectado el hecho se dio intervención al área de recursos humanos para que inicie un sumario y tome una resolución que será "el despido y una acción para recuperar el dinero percibido indebidamente”.
Además, Tobares se refirió a los funcionarios que ocupaban un cargo político, pero que también tenían otros trabajos. En este caso, indicó que se aplicará el mismo proceso de sumario, devolución y despido. "También habrá una denuncia penal por el agravante que tiene desde el punto de vista ético, moral, jurídico", manifestó.
En cuanto a las urgencias de la provincia, el ministro comunicó que están al tanto, pero explicó que el objetivo principal es ordenar la planta de trabajadores. “Todas las áreas están trabajando con intensidad para ver cual es el perfil de todos los empleados. En el área de recursos humanos había muchas personas que estaban en situación de eventualidad. A esas personas que prestan un servicio esencial le hemos prolongado la eventualidad y la vamos a seguir sosteniendo en cuanto acreditemos caso por caso que ese servicio se presta y es esencial para sostener el dispositivo”, indicó.
Por último, señaló que si se determina que continúan prestando servicios cuando inicie el nuevo ciclo se les va comunicar dónde se deben presentar a trabajar.