El Concejo Deliberante de Villa Regina dio un paso fuerte este martes y aprobó por mayoría una ordenanza que obliga a todos los funcionarios políticos y cargos electivos del municipio a realizarse exámenes toxicológicos anuales para detectar consumo de sustancias psicoactivas ilegales.
La medida incluye al intendente, secretarios, concejales, miembros del Tribunal de Cuentas, personal de planta política y también a los candidatos proclamados antes de asumir. Fue impulsada por una concejal del oficialismo y consiguió el respaldo de casi todo el cuerpo legislativo. Hubo una sola voz en contra, mientras que el resto de los bloques levantó la mano para avanzar con una norma que ya genera debate en la ciudad.
Pero el alcance es amplio, no se trata solo de quienes ya están en funciones. También deberán someterse al test quienes resulten electos antes de asumir el cargo. Es decir, nadie podrá ocupar un puesto político sin atravesar ese control anual.
En caso de dar positivo o negarse a realizar el examen, la norma abre distintas alternativas: solicitar licencia sin goce de haberes con tratamiento obligatorio, presentar la renuncia o, si se trata de un candidato electo, postergar la asunción hasta acreditar el inicio de un proceso de rehabilitación o el alta médica. La ausencia injustificada directamente será considerada como resultado positivo.
Además, la ordenanza fija que el examen será cubierto inicialmente por el municipio. Sin embargo, si el resultado fuera positivo, el Ejecutivo deberá establecer un mecanismo para recuperar ese costo, siempre preservando la confidencialidad médica del funcionario involucrado. El equilibrio entre control y privacidad aparece como uno de los puntos más sensibles de la reglamentación que deberá dictarse en un plazo de 90 días.
Por otro lado, el esquema de control no queda librado al azar. El área responsable deberá informar cada seis meses al Concejo, en sesión secreta, qué funcionarios cumplieron con el examen. La filtración de resultados estará expresamente sancionada. En los fundamentos, el proyecto plantea que la medida no parte de una sospecha concreta sino de la necesidad de brindar certezas y garantías a los vecinos sobre la idoneidad de quienes toman decisiones públicas.
