Más pruebas del curro político con la ayuda a los pobres

En las últimas horas se ha difundido, en medios televisivos y portales nacionales, un caso ilustrativo de cómo funciona la mafia revestida de ayuda a la lucha popular, instalada en Argentina con la excusa de la crisis permanente y la complicidad de los gobiernos de turno. En Neuquén, se sabe de esta modalidad, de manera documentada y rigurosa, a partir de la investigación judicial de la estafa con los planes sociales.

Por eso, tal vez, no sorprenda saber que, en otras latitudes, la hija de un Defensor del Pueblo (Luis Salomón), militante de una “organización social”, ejercía ese curioso mandato proveniente de misteriosos laberintos ideológicos, para manejar un grupo de más de 360 “beneficiarios” de ayuda social, e instalar como obligatorio un pago de 5.000 pesos per cápita, destinado a los gastos que demanda “la lucha”, como condición sine qua non para mantener el subsidio estatal.

La mujer en cuestión, Naara Salomón, fue denunciada penalmente por esa práctica, en enero pasado, y la causa pasó después a la justicia federal, porque los fondos sobre los que ejercía la “recolección solidaria” son nacionales, más allá de que el grupo manejado por la referente está situado geográficamente en Mar del Plata.

Es, la Salomón, tal vez solo una más de una multitud de “referentes de la lucha popular” denunciada por cuestiones tan oscuras como coacción, o extorsión, en un contexto donde domina la pobreza, la carencia, el desamparo. No menos de 5.200 denuncias al respecto ha recibido el gobierno nacional, según ha difundido, desde el 10 de diciembre del año pasado hasta aquí.

Lo cierto es que esta mujer cobró notoriedad en las últimas horas a nivel nacional, por esa práctica sobre la existe, aparentemente, abundante documentación, y que se justifica sin rubor alguno, como un “aporte necesario” que los subsidiados deben hacer, al menos si quieren mantener el subsidio, que fue, hasta ahora, manejado directamente por estos personajes que ponderan como importante la “obligación” de, por ejemplo, concurrir a marchas, acampes, cortes de ruta, etc.

El plan o programa sobre el que se aplicó el recorte obligatorio de 5.000 pesos como aporte a la lucha organizada, es el Potenciar Trabajo. En sus exigencias, está que el beneficiario debe trabajar al menos 60 horas (por mes), a cambio de un sueldo de poco menos de 80.000 pesos. El programa, pergeñado por los gobiernos anteriores al actual, contempla la acción intermediaria de “unidades de generación”, puesto que es ocupado por las denominadas “organizaciones sociales”. En el caso de Salomón, es el Frente Social La Nueva Independencia.