A TRAVÉS DE SUS BIENES

Estafa con planes sociales: la Justicia benefició a acusados

Un tribunal de impugnación dejó sin efecto embargos e inhibiciones sobre dos autos y una casa, pero la fiscalía presentará una impugnación extraordinaria.
viernes, 16 de febrero de 2024 · 15:46

Un tribunal de impugnación compuesto por los jueces Andrés Repetto y Nazareno Eulogio, junto a la jueza Patricia Lupica Cristo, dejó sin efecto embargos e inhibiciones a dos autos y una casa vinculados a la causa de estafas con planes sociales. Estas medidas habían sido solicitadas por la fiscalía de Delitos Económicos a fines de noviembre para proteger activos que podrían contribuir al eventual resarcimiento de las cuentas públicas afectadas por un perjuicio estimado en $153.4 millones, aunque este monto aún se encuentra en fase de análisis.

El tribunal resolvió favorablemente un planteo presentado por un abogado defensor durante la audiencia realizada este viernes. Estos bienes representan solo una parte del capital sujeto a medidas cautelares, que incluyen 30 inhibiciones generales, 6 sobre propiedades inmuebles, embargos de 26 vehículos, 63 cuentas bancarias, 17 billeteras virtuales y una cuenta comitente.

Ante esta decisión, el fiscal jefe, Ricardo Vignaroli, anunció que presentará en los próximos días una impugnación extraordinaria junto al equipo de la fiscalía de Delitos Económicos. Vignaroli expresó su preocupación, afirmando que "no se puede, en estos casos de corrupción, mirar para otro lado y dejar que no se asegure al Estado la posibilidad de hacerse de bienes de los imputados para resarcir el daño".

Caso "Estafas por Planes Sociales"

La fiscalía apunta a un grupo de ex funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, a quienes se les acusa de integrar una asociación ilícita dedicada a estafas con la administración y el cobro de planes sociales mediante cheques y tarjetas de débito. La investigación señala como jefes de la organización a Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna, e incluyó recientemente en este rol al ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y al ex coordinador de Administración, Tomás Siengentharler.

Además de los presuntos líderes de la asociación ilícita, hay otros 26 imputados, entre particulares y empleados de diversos ministerios, con distintos niveles de participación en la supuesta maniobra fraudulenta.

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