Uno de los doce represores condenados por delitos de lesa humanidad visitado por cinco diputados nacionales de La Libertad Avanza en la cárcel de Ezeiza donde cumplen sus condenas, y que aparecen en la foto que trascendió en las últimas horas, es Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura militar, quien cuenta con tres condenas en los juicios que se realizaron desde 2008 en Neuquén.
Guglielminetti, quien aparece en la foto junto a otros 11 militares condenados por delitos de lesa humanidad y cinco legisladores, pidió la prisión domiciliaria luego de la visita que desató un gran rechazo como también una crisis interna en el bloque oficialista del Congreso. La foto fue sacada en el salón de la Unidad Penal de Ezeiza. Entre los legisladores que aparecen está Lourdes Arrieta, quien había dicho que no sabia quién era Alfredo Astiz.
Sobre lo ocurrido, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación la remoción de los legisladores nacionales que fueron al penal a entrevistarse con condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, Guglielminetti. En un comunicado la APDH recordó que quien durante la dictadura se hacía llamar Mayor Guastavino recibió en uno de los juicios, en 2021, la condena perpetua por los hechos cometidos entre 1976 y 1983. En tanto, en 2012, el Tribunal Oral Federal de Neuquén lo condenó a 8 años de prisión, la misma pena que se le dictó en 2016.
Antes de 1976, Guglielminetti integró la Triple A, y luego integro el Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén y fue designado al Batallón 601. En una de las sesiones de tortura en la Delegación de la Policía Federal de Neuquén, Guglielminetti dejó sordo al docente Orlando Balbo, al aplicarle severos golpes en los oídos. Balbo había sido secuestrado de su vivienda en el centro de Neuquén el 24 de marzo de 1976 en un operativo que dirigía Guglielminetti y trasladado a la Delegación.
En la actualidad tiene 83 años y está alojado en la Unidad 31 de Ezeiza. Trascendió que durante el encuentro con los diputados libertarios, Guglielminetti fue quien le entregó al diputado Beltrán Benedit, a quien todos señalan como el organizador de la visita, un papel en el que podía leerse “Ideas para la prisión domiciliaria”.
Fiscal Palazzani: "Cuenta con un buen espacio de salud"
El fiscal federal Miguel Palazzani, a cargo de las causas de lesa humanidad en Bahía Blanca y Neuquén, aseguró que Guglielminetti cuenta con “un buen espacio de salud” en el penal de Ezeiza donde hay diez camas para la internación y se brinda atención en varias especialidades médicas. El fiscal rechazó el pedido de prisión domiciliaria y luego del pronunciamiento de la fiscalía, el Tribunal Oral Federal de Neuquén deberá definir. El fiscal explicó que la ley aconseja que, por razones humanitarias, las personas privadas de la libertad de más de 70 años logren la domiciliaria para continuar la condena si el lugar de alojamiento no puede atender los requerimientos de vida.
"No hay que perder de vista que Guglielminetti ha sido condenado por su participación de delitos de extrema gravedad cometidos en el contexto del Terrorismo de Estado", dijo el fiscal Palazzani en su rechazo a la petición. Precisó que "la prisión o condena debe ser efectivamente cumplida en cárcel común".
El fiscal federal refutó los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien afirmó que entre los detenidos en las cárceles hay personas de 90 años con enfermedades terminales: "El 80% de los detenidos por delitos de lesa humanidad están en prisión domiciliaria. El resto de los detenidos, que yo sepa, ninguno tiene enfermedad terminal ni tiene más de 90 años. Si fuera así, cualquier juez le concedería el arresto domiciliario. De ese 20%, la mitad está en Campo de Mayo y el resto (78 personas) en otras unidades del Servicio Penitenciario Federal. Los datos objetivos desmienten las afirmaciones de los funcionarios. Toda esta información está en la página web del Ministerio Público Fiscal. No hay que esforzarse mucho por encontrarla".
Las versiones que circulan señalan a la abogada María Laura Olea, hija del exgeneral de brigada Enrique Olea (a partir de 1976 era el jefe del Batallón de Ingenieros 181, dependencia militar en cuyo predio funcionó el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita en Neuquén) y Eduardo Riggi, exintegrante de la Cámara Federal de Casación Penal como quienes asesoraron a los diputados libertarios que mantuvieron el encuentro con los detenidos.
María Laura Olea alternaba sus tareas como funcionaria judicial con la defensa de su padre, quien terminó condenado por crímenes contra la humanidad.