Fuga de menores: radiografía de un problema por el que nadie duerme tranquilo

Un dato recogido de una entrevista realizada en el programa Así Estamos por Mitre Patagonia con el responsable del área de Búsqueda de Personas de la Policía de Neuquén, impactó: 615 personas desaparecieron entre enero y agosto del 2024 en la provincia. Casi la misma cifra que en todo el 2023.

Sin embargo, lo más preocupante es saber que más de 400 de esos casos corresponden a menores de edad, y mucho más es comprobar que un alto porcentaje de esos 400 son chicos judicializados, alojados en hogares que dependen de la provincia.

Los adultos deciden persé, y tendrán diversas razones para abandonar sus hogares, muchas veces relacionados con estados emocionales alterados u otros problemas de salud, laborales, económicos, o situaciones intrafamiliares que dificultan la convivencia.

Pero, la pregunta que nos hacemos es ¿qué lleva a los menores y adolescentes a abandonar su casa, el lugar que debería ser el más seguro, su refugio?

Hay varias hipótesis. El  argumento que más se escucha de las fuentes oficiales cuando son consultadas es “no quiere estar más en su casa”. ¿Por qué ?

Las exigencias de la vida diaria ,en muchos casos, obliga a desatender a los más vulnerables. Padres extremadamente ocupados, que dejan solos a sus hijos muchas horas al día. El chico se siente abandonado, sin contención ni escucha. Encuentra como escapatoria irse de la casa.

Otra hipótesis habla ya de un tema mucho más severo: la violencia intrafamiliar. Maltrato verbal, acoso psicológico o sexual de parte de padrastros o parejas en el caso de las niñas, dificultades económicas que no alcanzan a satisfacer las demandas de los chicos, sobre todo en el caso de varones. Creen que la calle les dará una mejor oportunidad, o al menos,  lo utilizan como mecanismo para generar un llamado de atención hacia adentro de esa familia.

Otras veces -aunque parecen ser las mínimas- los límites que se quieren imponer generan rebeldía en los adolescentes, que deciden buscar “libertad” partiendo del hogar.

Pero hay un aspecto que no podemos dejar de mirar. Hay centenares de chicos judicializados viviendo en hogares. En la mayoría de los casos no llegan allí por sus propios problemas, sino por el que genera el adulto: padres adictos, algunos privados de la libertad, madres, padres incapacitados para sostener con dignidad a un chico, garantizándole como mínimo alimentos, educación y salud.

Esos chicos son revictimizados siendo alojados en un lugar en el que no quieren estar y donde –se supone- van a ser cuidados. Pero no siempre tienen las condiciones que las leyes establecen, y esas nuevas carencias encontradas en el supuesto lugar de contención, los convence de buscar la calle.

Desde el área de operativos de búsquedas de personas, confirman este dato. “Muchos de los chicos judicializados son los que desaparecen”. “A veces piden permiso para dar una vuelta, y no vuelven”.

¿Cómo puede ocurrir que de un hogar de menores judicializados, en manos del Estado, los chicos desaparezcan?

Muchas veces hemos hablado de la falta de controles en las instituciones, organismos públicos, etc. Evidentemente algo de esto hay, y es muy serio, pero no es todo. También la conducta de los menores incide en que los dispositivos no funcionen correctamente.

¿Hay poco recurso humano asignado?  ¿No hay suficientes herramientas para que el personal trabaje? ¿Las condiciones edilicias y laborales no son las adecuadas? ¿Faltan recursos económicos para atenderlos como corresponde? ¿Faltan profesionales que puedan hacer el seguimiento psicológico que los chicos necesitan? ¿Hay desidia en el Estado? Todo eso junto. Pero también hay otro trasfondo.

En múltiples ocasiones nos ha tocado como periodistas atender los reclamos del personal. Son de todo tipo, y esas manifestaciones de descontento tienen mucho que ver con lo que sucede después.

No se puede proteger a los más vulnerables si quienes deben hacerlo no cuentan con elementos. Y es responsabilidad de los gobiernos que promueven legislación a favor de los derechos de los niños y adolescentes, los que deben cumplir a rajatabla. No alcanza con escribir una linda letra en la ley. Hay que concretarlo en los hechos.

Las responsabilidades pasan por quienes conducen las áreas que se vinculan a estas problemáticas, y también por la Justicia.

Cómo funciona el sistema

Del Ministerio de Gobierno dependen la Subsecretaría de Familia, (con subsecretario y coordinadora) y la Dirección Provincial de Medidas de Protección Excepcional, que tiene a su cargo a los responsables de los Dispositivos de Cuidado Formal, lo que habitualmente llamamos hogares, que a su vez tienen directores.

Todos estos componentes del organigrama tienen una cabeza con nombre y apellido, que por el momento vamos a reservar. Algunos con más obligaciones que otros, pero en definitiva todos son responsables en algún punto.

Los Hogares de niños son conocidos como Los Bajitos (que alberga a 12 niños), Casa de Admisión (19 niños), Ayenhue (13 niños), Yampai (16 niños), Fundación Fedra (24 niños) y Hogar Zapala  (14 niños).

Todos estos chicos tienen entre 0 y 12 años. Muchos de ellos, con 6, 7 años, ya se escaparon alguna vez, solos o en compañía de otros chicos.

También hay hogares de adolescentes,  desde los 13 hasta los 18 años, momento en que se externan.

Las mujeres están en los dispositivos Amancay (19 jóvenes, de las cuales 4 tienen autorización para salir sin aviso) y Malén (16 jóvenes, 6 con salidas sin autorización previa).

Los varones están en los hogares Convivencia Terapéutica y Proyecto Conviviendo. En el primero, hay 9 personas (2 con salidas sin autorización), en el segundo hay 12  (1 con salida libre).

También están los dispositivos Belgrano y La Sirena, con 11 chicos, Hue Lihue con 1, y PAE  con 24.

Además hay otros programas, como el de Familias Solidarias con 116 niños/as, y 7 en lista de espera. Estos chicos pertenecen al grupo de “medidas de protección”, es decir, cuando los sacan de su núcleo familiar y los entregan temporalmente en un hogar transitorio.

Además hay alrededor de 110 chicos que esperan ser adoptados, y 100 que ya están en proceso de adopción.

Este es un mapa, una radiografía, de una sociedad en crisis.

En seis meses desaparecieron más de 400 menores, y muchos de ellos viven en estos dispositivos al cuidado de la provincia, exactamente unos 330 casos están judicializados.

Ahora, la pregunta nuevamente es ¿por qué los chicos se van de su casa y también de los “Hogares”?

El clima que se vive en esos dispositivos, en algunos casos, da escalofríos. Lo saben y lo cuentan quienes allí residen o trabajan. En muchos casos es "La ley de la selva". Sólo voy a decir que los más grandes someten a los más chicos. Pasa de todo, y cuando digo todo, es todo. También lo que está pensando seguramente el lector. 

¿Qué ocurre cuando los operadores o ejecutores advierten situaciones violentas o denigrantes y las comunican?  Las Defensorías le creen al niño o adolescente, que aunque parezca mentira, ya a corta edad saben como engañar,  perjudicar con mentiras, y amenazar .

Parece frecuente escuchar en esos ámbitos: “Yo le digo a la Defensora que me pegaste, y a vos te rajan". Y así se llega a contar con personal sumariado, otros que piden traslados, otros que se enferman, mientras los “chicos” siguen sacando ventajas.

En definitiva: el estado de los hogares, y la situación de los equipos interdisciplinarios, están casi abandonados a su suerte. Una consigna vertical que parece escucharse bastante es: “se hace lo que se puede, con lo que hay, y no se habla de lo que no funciona”.

El problema es que lo que no funciona está dejado también a "la buena de Dios", a quienes debe proteger, con todos los riesgos que esa situación conlleva.

Y entre lo que no funciona o funciona deficientemente, están las defensorías públicas, que recordemos son tres: penal, civil y de niños y adolescentes. ¿Qué pasa allí? Defensores/as titulares suelen tener licencias prolongadas, los equipos de trabajo están disminuidos, mucha gente pidiendo pases a otras dependencias porque no tienen las condiciones para cumplir con sus roles, cargos sin cubrir, mal clima laboral, y una preocupación que se dice pero no se firma: no hay presencia de la Defensora General para exigirle al Poder Ejecutivo  los programas y dispositivos necesarios, y al Consejo de la Magistratura que convoque a concursos para las vacantes existentes.

La verdad, que en esos cargos de responsabilidad, no se puede sólo transcurrir. Hay que gestionar hacia adentro y hacia afuera, sino sumado  a las áreas de gobierno que todavía tambalean, el cóctel es explosivo.

Y ya lo estamos viendo y viviendo. Muchos de nuestros niños y adolescentes corren un doble peligro: el de pertenecer a una familia problemática que los induce a escapar, y el de depender de un Estado (en sus tres poderes) que incumple con sus propias normas y libera a su suerte a los más vulnerables.

Lo que se hace no alcanza. Hoy ninguno de los involucrados con responsabilidad de conducción en estos temas sensibles, puede dormir tranquilo.

No podemos aceptar, y mucho menos naturalizar, que en sólo 8 meses, 400 menores se hayan escapado de sus hogares familiares, o bajo tutela del Estado.