La pared cayó. No fue un accidente, fue consecuencia directa del abandono. En el barrio 80 Viviendas de Río Colorado, dos niños quedaron atrapados bajo los escombros de una estructura que se derrumbó. Un obrador de obra pública olvidado, una vigilancia inexistente y un Estado que dejó que el peligro se convirtiera en tragedia.
Tres semanas después de que el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) firmara la recepción provisoria del complejo “Techo Digno”, el lugar quedó expuesto, sin cercos, sin vigilancia, sin advertencias que alertaran sobre su precariedad. Mientras vecinos observaban cómo los días pasaban y la estructura se desmoronaba ladrillo a ladrillo, el Estado permanecía inmóvil.
Uno de los niños sufrió daños severos: rotura de ligamentos, lesiones óseas en la columna lumbar y un diagnóstico psicológico que confirmó una incapacidad emocional del 20%. El otro menor tuvo lesiones menores, pero el eco de la tragedia resonó igual en su vida. Sus madres, impulsadas por el dolor y la indignación, llevaron el caso a la justicia, exigiendo respuestas.
El juez Matías Lafuente, del fuero Contencioso Administrativo de Roca fue categórico: el IPPV es el único responsable. La empresa constructora había cumplido su contrato, entregado la obra sin observaciones, y abandonado el lugar con la aprobación estatal. El predio, aunque sin dueño oficial, estaba bajo el poder de hecho del organismo provincial, que nada hizo para evitar la desgracia.
El fallo condenó al Estado por omisión de deber, ordenando una indemnización que abarcará gastos médicos, daño emergente, lucro cesante y el derecho a un año de tratamiento psicológico. Los informes periciales fueron contundentes: el accidente dejó secuelas físicas y emocionales que no pueden ser ignoradas.