La concejal Julieta Wallace del Bloque Incluyendo Bariloche presentó un recurso de revocatoria para dejar sin efecto el referéndum popular convocado por el intendente Walter Cortés, previsto para el 9 de noviembre. La edil argumentó que las resoluciones firmadas por el Ejecutivo son “manifiestamente nulas” y vulneran el principio de legalidad, al someter a consulta ciudadana temas que están en tratamiento legislativo dentro del Concejo Municipal. El planteo se formalizó bajo la Ordenanza de Procedimientos Administrativos, y podría derivar en una instancia judicial si no se obtiene respuesta.
Wallace cuestionó que el intendente se arrogue facultades que, según el artículo 38 inciso 14 de la Carta Orgánica Municipal, corresponden exclusivamente al Concejo. “Se está vulnerando el mecanismo de sanción de ordenanzas y la representatividad institucional”, afirmó. Entre los diez puntos incluidos en la convocatoria figuran propuestas como la creación de un plan solidario de obras viales, la autorización de apps de transporte privado, una contribución turística y la prórroga de la emergencia habitacional. Al menos siete de esos temas están actualmente en debate legislativo.
La concejal también advirtió que varios de los puntos propuestos no pueden ser sometidos a referéndum por estar regulados por normas superiores o involucrados en procesos judiciales. En ese sentido, señaló que el único antecedente válido de consulta popular en Bariloche fue mediante ordenanza sancionada por el Concejo en 2009. “No se puede implementar cualquier regla de juego para aplicar mecanismos de democracia semidirecta”, expresó en Radio Seis.
Wallace dejó constancia de su reserva de iniciar acciones judiciales, al considerar que el acto administrativo representa una grave desviación de poder. “Tengo intenciones de recurrir a la Justicia porque creo que la institucionalidad debe respetarse”, afirmó. La solicitud incluye la suspensión inmediata de la ejecución del referéndum y la revocación de ambas resoluciones.
El caso podría marcar un precedente en la interpretación de competencias entre poderes locales. En paralelo, se mantiene la expectativa sobre la respuesta del Ejecutivo y la eventual judicialización del conflicto.
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