El hombre fue a laburar como todos los días. Estaba en el frigorífico, con el delantal puesto, cuchillo en mano, haciendo lo que hace cualquier carnicero, hasta que una media res se soltó del gancho y le cayó encima. El golpe lo tiró al piso y, en la caída, el cuchillo se le clavó en la rodilla, terminó con una herida profunda, puntos, sangrado y mucho dolor.
Lo llevaron al hospital, lo atendieron en la guardia y le dieron licencia médica. Durante un tiempo, intentó volver, pero el cuerpo no respondía, la rodilla seguía mal y la mano, que ya tenía un historial quirúrgico, tampoco ayudaba. Caminaba con muletas y aguantaba como podía, aun así, trató de reincorporarse. Pero no lo dejaron ni pasar la puerta, días después, le llegó el telegrama de despido.
La empresa nunca explicó nada en ese momento. Más tarde, en el juicio, dijeron que el hombre había sido violento, que insultaba, que había tenido actitudes intimidantes con el dueño y con clientes. Pero no presentaron ni una sola prueba, nada escrito, nada registrado. Solo una testigo: la ex del patrón, que dijo haber escuchado algo, pero recién después de que lo echaron.
Del otro lado, declaró un compañero del carnicero. Contó que el tipo había intentado volver, que no daba más del dolor, que los turnos eran un suplicio. Que nunca vio un episodio de violencia, lo dejaron afuera sin más, justo cuando su cuerpo no daba más y necesitaba laburar.
La Justicia revisó todo y no le creyó a la empresa. El accidente, según se comprobó, pasó en un momento en que no había ART, la aseguradora había rescindido el contrato por falta de pago. Después, cuando volvieron a contratar una, denunciaron el accidente con una fecha cambiada, como si hubiese ocurrido después, una maniobra que el tribunal calificó como fraudulenta.
Los jueces entendieron que la decisión de despedirlo fue por su condición de salud. Que no hubo otra razón. El fallo fue claro: se trató de un despido discriminatorio. El frigorífico deberá pagarle no solo la indemnización, sino también una suma por daño moral, diferencias salariales y una multa por no haber entregado los certificados laborales.