Estamos en los días en que comienza el juicio para conocer si hay o no responsabilidad penal por las acciones de un grupo de personas. Estoy hablando de lo que conocemos como la causa por la ESTAFA CON PLANES SOCIALES, con mayúscula. Algunas veces el uso correcto de las palabras es muy importante, muy simbólico. No hablamos de la causa de PLANES SOCIALES, hablamos de la causa de la ESTAFA perpetrada con la manipulación delictiva de PLANES SOCIALES.
Dos extremos que no podemos ignorar; hay gente acusada de haber cometido un delito, de estafar. Y para ese delito se valieron de toda una compleja operatoria de apoyo social a personas vulnerables, a personas desamparadas, sin recursos, en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, de indigencia.
Delincuentes les robaron a los más pobres. Allá por agosto del 2022 conocimos este caso, de manera totalmente casual. Una persona se sorprendió cuando supo que le entregaban apenas una parte minúscula del dinero que le depositaban en una cuenta, y que otras personas extraían y se apropiaban. Con 14 imputados, el lunes comienza el juicio por la millonaria estafa con planes sociales. El tribunal buscará determinar las responsabilidades de ex funcionarios y empleados de la provincia que tuvieron distinta participación en la estafa por más de 153 millones de pesos.
En distintos niveles, están acusados de asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación. Tras la investigación de la unidad fiscal de Delitos Económicos, el próximo lunes comenzará el juicio. En total, hay 14 personas imputadas, entre exfuncionarios y empleados del Poder Ejecutivo durante la gestión de Omar Gutiérrez, que están acusados de ocupar distintos niveles de una asociación ilícita que actuó en perjuicio de las arcas provinciales por más de 153 millones de pesos, entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022.
Los delitos que se les endilgan son: asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación. La expectativa de toda la comunidad sobre la investigación, la acusación, el juicio y la condena ejemplar, ha sido grande. Se abrió ahí una esperanza de que algo cambiara, de que la Justicia mostrara firmeza, severidad, compromiso, independencia.
Se nos habló de grupos de responsables en distintos niveles, de líderes de la asociación ilícita, de coordinadores, de reclutadores, de extractores. Vimos cómo se señaló a 3 personas como supuestos líderes de esa banda en asociación ilícita según nos decía la Fiscalía Penal, y se dictaron prisiones preventivas largas, porque se sostuvo que esas personas tenían al parecer comportamientos cuasi mafiosos, de atemorizar a las personas, de inducirlos a destruir pruebas, de inducirlos a mentir.
Se nos habló de un perjuicio multimillonario, difícil de mensurar, que se habría extendido no se sabe cuántos años, tal vez una década... una década… son tres mandatos de Gobernador, y varios ministros y funcionarios con capacidad de decisión en distintos puestos.
Desde el lunes, el debate estará conducido por el tribunal integrado por los jueces Juan Guaita, Juan Kees y Luciano Hermosilla, y se espera que se extienda, por lo menos, hasta el mes de septiembre. Se calcula que habrá más de 200 testigos, aunque el fiscal del caso dijo que podrían ser menos. La sentencia podría conocerse en octubre.
La teoría del caso planteada por el Ministerio Publico Fiscal, representado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, y el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, es que desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén, y particulares que colaboraron de manera externa a cambio de un beneficio económico, integraron una asociación ilícita con estructura piramidal que se apropió de $153.377.900 (monto histórico, sin actualizar).
La ESTAFA CON PLANES SOCIALES ha sido una VERGÜENZA provincial, y los delitos graves y aberrantes, tienen sanción ejemplar. Con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, realizaron un total de 9.303 hechos de estafa, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones que habían sido creadas para atender demandas sociales generadas por situaciones de desempleo. La fiscalía describió una estructura piramidal para llevar adelante la estafa, con distintos niveles de responsabilidad.
En el primer nivel de la pirámide se ubicaban los jefes: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo, Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social, y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.
En un segundo nivel se ubican los colaboradores de los jefes, que son: el exdirector general de Finanzas, Luis María Gallo; Laura Reznik, quien ocupó ese mismo cargo, y la exdirectora de Tesorería, Julieta Oviedo.
En el tercer nivel se ubica a los “recaudadores”, Isabel Montoya; los “extractores” Valeria Honorio, Ariel Krom y Emanuel Victoria Contreras; y en el último nivel, los “beneficiados”: Fernando Cardozo Regidor y el abogado Alfedo Cury, quien imprevistamente ingresó a los estudios de la radio cuando estábamos hablando con la madre y la abuela de Luciana Muñoz Lila y Mirta Muñoz.
Las penas que podrían recibir por el delito que se les imputa, en caso de ser condenados, rondan entre los 6 y los 8 años de prisión efectiva, aunque el fiscal del caso en la radio dijo que podría ser una pena superior, para los de mayor jerarquía.
En este juicio, hay otros 9 imputados que ya fueron condenados a tres años de prisión en suspenso. Se trata de personas que reconocieron su culpabilidad y que habían tenido una participación de menor relevancia en la estafa, por lo que llegaron a un acuerdo de condena con el Ministerio Público Fiscal. Son: Gustavo Mercado, Aarón Escobar, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Rivera, Gesel Tarifeño, Pamela Cea, Rodolfo López, Adrián Lizama y Omar Rodríguez Quezada. Por último, el auditor de la Contaduría General, Julio Arteaga, será a sometido a otro juicio que comenzará dentro de tres meses.
La postergación responde a problemas de salud del imputado. Todos aceptaron haber integrado la asociación ilícita y haber realizado tareas complementarias, como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra. Las condenas fueron por tres años de ejecución condicional y cumplimiento de reglas de conducta, además del pago de sumas de dinero a instituciones de bien público.
En un caso se reparó la totalidad la suma reclamada, además de que la Fiscalía de Estado anticipó que avanzará en los reclamos correspondientes en el fuero Procesal Administrativo, más allá del resultado del juicio penal. Es innegable que hace décadas venimos adormecidos e indiferentes con los temas de presunta corrupción. De corrupción no se habla, no inquieta, no molesta, no preocupa a nadie. Al menos, esa es mi percepción, es la temperatura que me llega a la piel.
Corrupción es abuso, es desvío, es usar en beneficio propio lo que tiene una persona a la mano por la función pública que cumple. Corrupción… corromper… corromper es degradar, es debilitar, alterar la esencia y el destino auténtico de las cosas. Corromper es ennegrecer, opacar, ensuciar. La próxima semana, la palabra infaltable será CORRUPCIÓN.