Bariloche se prepara para una instancia inédita de democracia directa: el próximo 9 de noviembre, sus habitantes deberán votar en un referéndum popular obligatorio y vinculante que definirá el destino de diez propuestas impulsadas por el intendente Walter Cortés. Entre ellas, se destaca la habilitación formal de Uber y otras aplicaciones de transporte, un tema que ha generado intensos debates en el Concejo Deliberante y en la opinión pública local.
Aunque Uber ya opera de facto en la ciudad, su legalización enfrenta la resistencia del sindicato de taxis, que históricamente ha tenido peso en la regulación del transporte urbano. Cortés, sin embargo, busca “unificar criterios con otras ciudades del país” y considera que la ciudadanía debe tener la última palabra. “Queremos que las decisiones importantes las tome el pueblo”, afirmó al anunciar la consulta, que se realizará con boleta única de papel y permitirá votar por “sí” o “no” en cada uno de los puntos.
Además del caso Uber, el referéndum incluirá temas de fuerte impacto social y urbano. Entre ellos, la extensión de la emergencia habitacional hasta 2027, que obligaría a los desarrolladores inmobiliarios a ceder el 22% de los lotes para uso social; la cesión de un restaurante municipal a excombatientes de Malvinas; y la aprobación de un plan vial que propone cuotas mensuales de $5.000 a $6.000 por frentista para financiar el asfalto en barrios que aún carecen de pavimento. También se votará la creación de una nueva contribución turística, la reactivación del paseo a la Isla Huemul, la construcción de un natatorio municipal, la finalización del centro de convenciones y el reemplazo de los pinos de la costanera por especies autóctonas.
Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de eliminar el pago de sueldos municipales a dirigentes sindicales con licencia gremial, lo que ha generado tensiones con el gremio SOYEM. Cortés argumenta que los salarios deben ser cubiertos por los aportes de los afiliados, en línea con la ley nacional de asociaciones sindicales. Esta medida, junto con la habilitación de Uber, figura entre las más discutidas en medios locales y redes sociales.
La convocatoria al referéndum se ampara en el artículo 163 de la Carta Orgánica Municipal, que habilita este tipo de consultas cuando el Ejecutivo considera que hay temas de alta sensibilidad pública. El intendente justificó la decisión como una forma de superar la “burocracia legislativa” y destrabar proyectos que llevan meses sin tratamiento en el Concejo. Para garantizar la participación, se estableció una sanción simbólica para quienes no voten: deberán entregar una bolsa de cemento, cuyo valor ronda los $10.000. La medida, aunque llamativa, busca contrarrestar la baja participación registrada en elecciones recientes.
Con esta iniciativa, Bariloche se convierte en una de las pocas ciudades del país en utilizar el referéndum como herramienta de gestión, y lo hace con una agenda cargada de temas sensibles. El resultado será vinculante, lo que significa que el Ejecutivo deberá respetar la voluntad popular en cada uno de los diez puntos. La campaña informativa comenzará en las próximas semanas, y se espera un intenso debate público en torno a cada propuesta.