Cinco meses. Ese fue el tiempo que pasó una mujer sin su auto tras un accidente ocurrido en marzo, a pesar de tener una póliza contra todo riesgo y haber pagado la franquicia correspondiente. La compañía Seguros Bernardino Rivadavia no solo demoró la reparación, sino que además no informó ni atendió adecuadamente sus reclamos. La situación derivó en una demanda judicial, que terminó con una sentencia clara: la empresa debe entregarle un vehículo provisorio, en un plazo de tres días, y cubrir los gastos hasta que su rodado esté en condiciones.
El auto fue trasladado en grúa a un taller en Bariloche luego del siniestro, pero desde entonces todo fue incertidumbre. La aseguradora no informó resultados del peritaje, no autorizó reparaciones y ni siquiera dio fechas posibles de entrega. Ante la falta de respuestas, la propia damnificada se presentó en el taller y se enteró de que no existía orden de trabajo ni contacto con la empresa.
En paralelo, tuvo que seguir abonando la póliza, afrontar gastos de transporte para ir a trabajar y enviar múltiples reclamos por canales formales. También pagó una franquicia de 664 mil pesos, sin recibir una contraprestación concreta.
Cansada de la falta de soluciones, decidió presentar la demanda en el Juzgado de Paz de El Bolsón. El abogado de la empresa reconoció que el auto seguía sin ser reparado, aunque no supo precisar ni el taller ni los plazos estimados. Ofrecieron como compensación una suma de 500 mil pesos, que fue rechazada por no resolver el perjuicio real y persistente.
El juzgado consideró probada la mora de la aseguradora, así como el incumplimiento de los deberes esenciales de atención, información y diligencia previstos por la ley de defensa del consumidor. En su resolución, el juez ordenó a la empresa entregar un vehículo provisorio de similares características, hasta que se complete la reparación del original. El caso deja en evidencia un problema frecuente: la brecha entre lo que las aseguradoras prometen y lo que efectivamente cumplen.