"Si no vas a laburar, mejor no cobres", esa parece ser la nueva consigna de la administración rionegrina, que decidió sacar la escoba y pasarla con fuerza. Desde que empezó el 2024, 428 empleados estatales fueron sancionados por no cumplir con su trabajo. Algunos la zafaron con una suspensión, pero otros no corrieron la misma suerte: 78 terminaron en la calle, entre cesantías y exoneraciones.
Según datos oficiales, 74 personas fueron cesanteadas. Esto significa que podrán volver a la administración pública recién dentro de cinco años, si tienen suerte. Pero los casos más graves, 4 exoneraciones, implican que se les cerró la puerta para siempre. Los motivos: de todo un poco: faltazos, llegadas tarde, conflictos con compañeros, abandono de tareas y hasta condenas penales.
La medida fue informada por la Secretaría de la Función Pública, hoy a cargo de Tania Lastra, quien no dudó en ponerle nombre y apellido al mensaje: “Hay que ordenar la administración, cuidar los recursos y bancar a los que sí cumplen”. Claro, porque como en todo, hay empleados que sí van, cumplen y cargan con el resto.
Los sumarios se hicieron bajo la Ley 3.487, que regula el Estatuto del Empleado Público. Todo arranca con una denuncia o una sospecha, sigue con un sumario administrativo y termina en una Junta de Disciplina donde se sientan el Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN. La decisión sale en conjunto, aunque no siempre en paz.
Las sanciones menores, unas 350 suspensiones, se aplicaron por cuestiones como inasistencias reiteradas o llegar tarde más de la cuenta. Pero cuando hay causas penales o abandono de tareas, la cosa cambia: ahí va el pase directo a la calle.
El gobierno también busca con esto mandar un mensaje: la etapa del estatuto como salvavidas eterno se acabó. Mientras tanto, no se conocieron aún reacciones oficiales de los sindicatos, aunque las internas ya empezaron a moverse, y más de uno está revisando su legajo.