El fiscal Juan Narvaez detalló los alegatos finales que, junto al fiscal jefe Pablo Vignaroli, presentó en el juicio por la megaestafa con planes sociales. “Toda la prueba indicó que existió asociación ilícita, que 12 de los 14 acusados formaron parte de esa estructura y que defraudaron el patrimonio del Estado”, señaló en diálogo con Mejor Informado.
Narváez explicó que la Fiscalía identificó cinco niveles de responsabilidad dentro de la organización, desde quienes idearon y dirigieron la maniobra hasta los colaboradores y beneficiarios que actuaron como engranajes de la estafa. “Lo que buscamos es demostrar los roles de cada uno en este andamiaje delictivo y, en consecuencia, solicitar penas de prisión efectiva para quienes ocuparon los lugares más altos en la estructura”, sostuvo.
De los 14 imputados, dos quedaron fuera de la acusación: uno por problemas de salud psiquiátrica y otro porque no se pudo acreditar con certeza que haya integrado la asociación ilícita. El resto, aseguró Narváez, cumplió funciones específicas que quedaron probadas en el juicio.
El equipo de la fiscalía de Delitos Económicos presentó al tribunal una estructura delictiva con jerarquías y funciones, de tipo piramidal, con el primer nivel a cargo de los jefes. Allí ubicó a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.
Durante las audiencias se escucharon testimonios de beneficiarios de los planes sociales que, según el fiscal, dejaron en claro cómo fueron utilizados. “Ellos expresaron con sus palabras y sentimientos cómo se sintieron defraudados, no sólo por quienes gestionaron los planes, sino por toda la estafa que realizaron al patrimonio de la provincia”, remarcó.
Documentación clave
La investigación también expuso documentación clave: planillas de Excel, correos electrónicos y listados paralelos de cheques que demostraron cómo se desviaban los fondos. Según Narváez, la maniobra alcanzó los 1.160 millones de pesos y representó más de 9.000 estafas en dos años, entre el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022.
En ese período, funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y particulares que colaboraron de manera externa a cambio de un beneficio económico, integraron una asociación ilícita con estructura piramidal que se apropió de $153.377.900 (monto histórico, en la actualidad más de 1.160 millones de pesos). Con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, realizaron un total de 9303 hechos de estafa, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones que habían sido creadas para atender demandas sociales generadas por situaciones de desempleo.
Los cobros se realizaron mediante el uso de tarjetas de débito ajenas, que se otorgaban a beneficiarios de planes sociales del programa específico que en algunos casos prestaban colaboración, pero que en otros ni siquiera sabían del beneficio. En el alegato, Narvaez y Vignaroli recordaron que la maniobra comenzaba con el reclutamiento de los beneficiarios, a quienes luego se les retenía la tarjeta de débito. Estas personas se quedaban con una fracción del subsidio, que en algunos casos rondaba los 49 mil pesos, y el resto se destinaba, afirmó el fiscal jefe Vignaroli, a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino. Ambos referentes de la fiscalía explicaron que para cumplir con el reparto, el andamiaje administrativo, los pagos y rendimientos de dinero, intervenía también la asociación. “Mes a mes estaba todo coordinado y cada uno cumplía su rol”, afirmó Narvaez.
Ahora resta escuchar los alegatos de las defensas, que se desarrollarán a partir de este lunes. Aun así, Narváez se mostró confiado en el trabajo de la Fiscalía: “Entendemos que se pudieron acreditar los hechos tal como ocurrieron”, concluyó
