En la estafa con planes sociales, la degradación política se revertirá cuando haya cárcel efectiva para los ahora condenados y para todos los que faltan condenar. Esta semana se han conocido los pedidos de penas que han realizado la Fiscalía Penal y la Fiscalía de Estado para los 12 condenados por la estafa. Ya todos conocen bien de qué hablamos. Hemos dedicado muchísimas editoriales a este tema, que ya nos parece tan antiguo. Casi una historia de libro.
Hemos destacado múltiples cuestiones que nos han impactado y preocupado mucho. Cuestionamos en su momento la investigación por lenta y por incompleta. Cuestionamos también el rol del Poder Judicial, de los fiscales, de los defensores, de los jueces. Se han sucedido multiplicidad de cuestiones de muy difícil comprensión para nosotros como ciudadanos comunes. .Comunes, pero honestos, que no nos quedamos con la plata de nadie ni usamos ninguna estructura estatal para beneficio propio ni para un proyecto político o partidario.
Finalmente, cuando se hizo el larguísimo y opaco juicio, se dictó hace meses, allá por septiembre, una sentencia que declaró la responsabilidad penal de 12 personas por distintas participaciones que tuvieron en la maniobra de defraudación con fondos para subsidios a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica y social.
Una absoluta canallada, ya lo hemos dicho muchísimas veces. Esa sentencia dejó gusto a poco, sensación de impunidad, aroma a injusticia, porque resolvieron que entre los 12 integrantes de la estructura estatal que estuvieron juntos entre fines de 2020 y mediados de 2022, no habría existido un plan orquestado, una división de tareas y roles, una pirámide de órdenes y aprovechamiento, en fin, que no habría existido una asociación ilícita. Señores jueces... señores jueces... qué raro todo.
De los 12 condenados definieron Uds. que 7 fueron coautores de delito y los otros 5 solamente participes ¿Pero, habría sido todo causal, o espontáneo? … Ay... Qué difícil entender algunas cosas disfrazadas de legalidad. Y ojo, que la existencia de asociación ilícita entre los 12 condenados no es algo menor, porque determina muchísimo la medida de condena posible, la pena real, el riesgo de condena efectiva, el ruido de rejas y el frío de barrotes.
Por eso los condenados respiraron aliviados al conocer que los tres jueces del juicio consideraron que no se organizaron en asociación ilícita. Las reacciones políticas, institucionales y ciudadanas no se hicieron esperar. En forma instantánea se levantaron voces críticas contra esa determinación en sentencia, y hasta han asegurado que impugnarán para que otro tribunal modifique eso, e incluya la figura de la asociación ilícita, lo que agravaría las penas de prisión para los actuales condenados y para todos los futuros que esperamos que les caiga el peso de la ley.
Las sentencias y las penas para todos los funcionarios en investigación, según dicen la Fiscalía Penal y la de Estado, hacia arriba, hacia atrás y hacia los costados de los actuales condenados por este corto período 2020 a 2022, pero por multimillonaria suma mal habida. Esta semana conocimos los pedidos de pena de prisión para los 12 condenados, y escuchamos pedidos desde 3 años y 6 meses hasta 6 años, según los niveles de responsabilidad y participación atribuidos a cada persona.
Lo más significativo de los pedidos de pena es que se alejan sensiblemente del mínimo posible de 2 años que tiene previsto la figura por la que fueron todos condenados, ubicándolos por sobre los 3 años de prisión para todos, para cada uno de los 12 condenados, para intentar así que deban cumplir pena efectiva, de encierro en cárcel. Claro, al escuchar los pedidos de penas de los Fiscales algunos se descompusieron, tuvieron ataques de angustia, imagino que será por representarse en algún momento cercano ser esposados e ingresados presos a alguna unidad de detención de la provincia.
Y claro, debe ser desesperante, aunque me llama la atención que ninguno de los condenados tuviera arranques de angustia o desesperación mientras se apoderaban de dinero ajeno, del dinero de los más pobres, o mientras hacían algo necesario para permitir esa maniobra.
La estafa con planes sociales ha sido una auténtica situación bisagra en la tolerancia ciudadana neuquina. Seguramente ha tenido influencia decisiva en definir resultados electorales. Seguramente abrió los ojos a muchos sobre la ausencia total de moralidad y de límites sucios en la mala política. Generó en la sociedad, en las personas de bien que solo quieren trabajar en paz y seguridad, un repudio e indignación como pocas cosas en el pasado. La sensación de irritación social sigue activa por las demoras en la Justicia para llevar a juicio, condena y pena efectiva a todos -los que sabemos faltan de períodos anteriores a 2020- de responsabilidades superiores en la estructura del gobierno de cada momento en que ocurrió la maniobra, y de todos los demás organismos que colaboraron con acción o con omisiones injustificables.
Nuevamente es el tiempo de los jueces, pero ahora esperemos que no nos defrauden ni decepcionen. La descomposición a la que ha llegado la política y las instituciones por los malos funcionarios tiene que empezar a revertirse, necesitamos que así sea, tenemos derecho a que así sea, exigimos que así sea. Incluso ante la condena incompleta y por figura más leve, corresponde que los jueces apliquen penas ejemplares, superiores a 3 años y de cumplimiento efectivo estricto y sin morigeración ni beneficio alguno.
Esperamos penas efectivas, necesitamos las fotos de los encarcelamientos, los videos de las celdas que se cierran, con los audios de los barrotes de hierro que separan a los delincuentes de las personas de bien. Y si a los condenados les parecen poco dignas las condiciones de detención, piensen que tal vez los miles de millones de pesos que desviaron de los fondos públicos pudieron haber sido destinados a mejorar la infraestructura carcelaria provincial, en emergencia casualmente desde 2022, el mismo año que fue descubierta la maniobra.
Penas de prisión efectiva en cárcel común, sin atenuantes ni consideraciones, para comenzar un camino largo y pesado de reconstrucción de la confianza pública y la restauración de la política como herramienta para solucionar los problemas de la gente, no de los funcionarios de todos los niveles. No aceptamos más burlas ni más manipulación. Que sea JUSTICIA -con mayúsculas-, en la cárcel, ahora para los condenados, y pronto para todos los otros responsables que faltan.
