La causa judicial que investiga el presunto desvío de fondos públicos hacia la cooperativa Viento Sur dio un giro clave este miércoles en Neuquén: el Ministerio Público Fiscal amplió la formulación de cargos e imputó a dos exministros provinciales por su presunta responsabilidad en una maniobra que habría provocado un perjuicio al Estado de $1.208.657.600 a valores históricos.
La acusación fue presentada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli junto a la fiscal del caso Rocío Rivero, con el acompañamiento de la Fiscalía de Estado, que adhirió a los planteos del Ministerio Público y respaldó las medidas solicitadas ante la Justicia.
Hasta ahora, la investigación tenía como principales imputados a integrantes de la cooperativa Viento Sur, señalados por el uso indebido de fondos otorgados a través del “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado en 2022 por el entonces Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Sin embargo, la nueva reformulación incorporó a quienes autorizaron los desembolsos desde la estructura estatal.
Exministros bajo sospecha
Los exministros Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino fueron imputados como coautores de administración fraudulenta agravada contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la fiscalía, ambos habrían autorizado pagos mensuales a la cooperativa sin verificar requisitos básicos exigidos por el propio programa oficial. Entre esas condiciones figuraban controles previos obligatorios, como la acreditación de autoridades, la presentación de planes de acción, padrones verificables de beneficiarios y la certificación de capacitaciones efectivamente realizadas.
Para los investigadores, esos controles no solo eran formales sino esenciales para garantizar el destino social de los fondos. Sin embargo —sostiene la acusación— los desembolsos continuaron aun cuando las rendiciones presentaban inconsistencias, estaban incompletas o directamente no existían.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es que los pagos comenzaron el 18 de julio de 2022, incluso antes de la firma del decreto que creó el programa, y se extendieron hasta diciembre de 2023, configurando lo que la fiscalía describe como una maniobra sostenida en el tiempo.
Advertencias ignoradas
La investigación también pone el foco en los controles internos del Estado. De acuerdo con la acusación, la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables durante distintos períodos analizados, señalando irregularidades en los procesos administrativos.
Pese a esas observaciones técnicas, los pagos continuaron realizándose, un elemento que para los fiscales refuerza la hipótesis de un esquema de desvío sistemático de fondos públicos mediante abuso de funciones y omisión deliberada de controles.
Una maniobra “única y continuada”
Desde el punto de vista jurídico, el Ministerio Público Fiscal encuadró los hechos como un único plan delictivo ejecutado de manera continuada entre julio de 2022 y diciembre de 2023. La acusación sostiene que los exfuncionarios tenían dominio funcional del hecho al ordenar los pagos y habilitar la disposición de los recursos estatales, lo que habría permitido concretar la defraudación.
En paralelo, tres integrantes de la cooperativa fueron señalados también como coautores por solicitar y administrar los fondos con conocimiento de su destino específico, presentando rendiciones con comprobantes que no coincidían con movimientos bancarios, duplicación de gastos y omisiones consideradas deliberadas.
Otros tres particulares fueron imputados como partícipes necesarios por haber recibido dinero sin contraprestación, integrando —según la hipótesis fiscal— el circuito que posibilitó el perjuicio patrimonial.
Embargos y avance de la causa
Tras el pedido de la fiscalía, el magistrado interviniente dispuso la inhibición general de bienes de los dos exministros recientemente imputados, una medida cautelar que ya alcanzaba al resto de los acusados.
La reformulación de cargos también ajustó el monto del perjuicio económico investigado, que inicialmente había sido estimado en más de $1.341 millones, luego de excluir períodos que finalmente no quedaron comprendidos en la pesquisa.
Para el Ministerio Público Fiscal, la actuación coordinada entre funcionarios y particulares habría frustrado la finalidad social del programa estatal, transformándolo en un mecanismo de desvío de recursos públicos que ahora se investiga como uno de los expedientes de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en la provincia.
