El jueves 5 de marzo volverá a resonar en los pasillos de los tribunales el nombre de la cooperativa “Viento Sur”. El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez habrían conseguido más pruebas y ampliarían la formulación de cargos por lo que han sido citados los ex ministros Abel Di Luca y Germán Chapino.
Recordemos que el referente del FOL, Diego Augusto Mauro, la exdiputada Gabriela Suppicich, Sonia Elizabeth Barrios, Lilian Larroza Velázquez, Federico Gabriel Sánchez y Betsabé Ruth Valencia Navarrete están imputadas de un millonario desvío de fondos que recibieron del gobierno de Omar Gutiérrez a través de la cooperativa Viento Sur. Más de 1.000 millones de pesos bajo investigación. Fondos públicos destinados a capacitación laboral.
Pero no nos equivoquemos. Esto no nació en una cooperativa. Esto nació en un ministerio. Los convenios los firmó el Ministerio de Desarrollo Social. Los desembolsos salieron del Estado. Las autorizaciones tuvieron firma oficial. Entonces la pregunta no es solo qué hizo la cooperativa, la pregunta es ¿qué hicieron los funcionarios que liberaron el dinero? ¿Quién controló cada transferencia? ¿Quién verificó que los cursos existieran? ¿Quién auditó la ejecución? ¿Quién certificó resultados?
Porque cuando el Estado transfiere cifras millonarias, no puede funcionar con buena fe, debe funcionar con control. Y si el entonces coordinador administrativo del ministerio —Tomás Siegenthaler— aparece mencionado en la causa por su rol en el circuito de gestión, la discusión deja de ser social y pasa a ser política.
La causa, impulsada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez, revela un desvío millonario de fondos públicos que debían destinarse a programas de capacitación laboral para organizaciones sociales, según lo establecido por el decreto 1672/22. En cambio, los fondos habrían sido utilizados para fines personales: inversiones en plazos fijos, pago de sueldos, proveedores y la compra de vehículos e inmuebles en distintas localidades de la provincia. Entre los bienes adquiridos figuran un terreno en San Martín de los Andes otro en Junín de los Andes uno en Cutral Co y otro en la meseta de Neuquén capital. Además, se compraron una camioneta Renault Kangoo 2015, un camión Ford F-250 y una camioneta DFSK C32. Todo financiado, según la investigación, con dinero público que nunca cumplió su finalidad original. No estamos hablando de un bolsón de comida. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos. Eso no se mueve sin estructura.
Durante años en Neuquén se consolidó un modelo: organizaciones sociales administrando fondos públicos con respaldo político y controles que, como mínimo, hoy están en duda. No estoy hablando de la causa de Planes Sociales, estoy hablando de la Cooperativa Viento Sur, aunque se repitan nombres. Pero cuando el sistema explota, nadie quiere ser el padre de la criatura, hay imputaciones, hay embargos sobre inmuebles, hay vehículos bajo investigación, hay cuentas congeladas.
Lo que no hay todavía es una explicación política contundente. Porque si hubo desvío de fondos destinados a capacitación laboral, no es un error administrativo es un escándalo moral. La plata que debía generar trabajo terminó bajo sospecha. La plata que debía formar a desocupados terminó en operaciones que hoy investiga la Justicia. Y mientras tanto, en los barrios, la gente sigue buscando empleo.
Neuquén no es una provincia pobre, es una provincia rica que estuvo mal administrada por esas cosas que pasan... La política no puede refugiarse en el discurso de la inclusión mientras firma convenios sin controles estrictos. No puede hablar de justicia social y después sorprenderse cuando aparecen embargos millonarios. No puede tercerizar responsabilidad y lavarse las manos. Si el dinero se desvió, alguien lo permitió. Si el control falló, alguien lo desarmó. Si el sistema era laxo, alguien lo diseñó así. Y acá está el punto central: cuando el Estado financia estructuras intermedias sin auditoría real, lo que crea no es política social es caja. Y la caja es poder.
La Justicia determinará responsabilidades penales pero la responsabilidad política ya existe. Porque nadie puede decir que no sabía cuánto dinero se estaba moviendo, nadie puede decir que no sabía quién administraba esos fondos, nadie puede fingir sorpresa. La pregunta ahora es incómoda, pero inevitable: ¿Se va a revisar todo el esquema de convenios con organizaciones sociales? o ¿esto va a ser un expediente aislado mientras el sistema sigue intacto? Porque si no cambia el mecanismo, la próxima causa ya está terminando si los nombres se repiten Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial de Administración; German Chapino, ex ministro de Desarrollo Social, todos involucrados en la estafa con planes sociales durante el gobierno de Omar Gutiérrez.
Y si la política no asume su parte, el mensaje que queda es devastador: Que la pobreza es una estructura de administración, que la asistencia es una herramienta de construcción, que la caja social es una forma de poder y eso, en una provincia que nada en regalías, es obsceno. La Justicia investigará pero la sociedad ya tomó nota. Y cuando la confianza se rompe, no hay convenio que la recomponga.
El escándalo expone una vez más cómo los fondos destinados a los sectores más vulnerables pueden terminar siendo absorbidos por estructuras opacas y dirigencias que lucran con el financiamiento estatal, sin control y sin rendición de cuentas. Mientras tanto, miles de personas siguen esperando las capacitaciones que nunca llegaron. Durante los años en que estos convenios millonarios se firmaron y ejecutaron, el gobernador de la provincia era Omar Gutiérrez, el jefe político del Poder Ejecutivo, el responsable máximo de la administración.
Nadie puede decir que un esquema de transferencias por más de 1.000 millones de pesos a una cooperativa ocurrió en un vacío institucional. Eso ocurrió bajo un gobierno, bajo una estructura y bajo una conducción. El Ministerio de Desarrollo Social respondía al gobernador. Los funcionarios administrativos respondían al gobernador. El sistema de control interno respondía al gobernador. Entonces la pregunta es directa: ¿No sabía lo que estaba pasando? o ¿sabía y el sistema funcionaba así? Porque en política hay dos tipos de responsabilidades: La penal, que la define la Justicia y la política, que no necesita sentencia. Si durante su gestión se consolidó un modelo donde organizaciones sociales administraban cifras multimillonarias con controles que hoy están bajo sospecha judicial, la responsabilidad política tiene nombre y apellido: Omar Gutiérrez fue quien condujo la provincia durante ese período. Fue quien defendió el modelo. Fue quien sostuvo a sus ministros. Fue quien avaló la estructura administrativa.
Y cuando hoy aparecen embargos, imputaciones y sospechas sobre el destino de fondos destinados a capacitación laboral, no alcanza con el silencio. No alcanza con mirar hacia otro lado. No alcanza con decir “que actúe la Justicia”.
La pregunta es política: ¿Ese sistema fue un error? ¿Fue negligencia? o ¿fue una forma de gobernar? La historia dirá si hubo complicidad, negligencia o descontrol pero la sociedad ya tiene derecho a exigir una explicación política clara. Porque cuando se juega con la plata de los que menos tienen, no es una falla técnica es una fractura ética y esa fractura tiene conducción.
