En el debate por la reforma laboral que empieza a tomar volumen alrededor de la nueva normativa laboral y de modernización del Estado, el punto central no está tanto en el contenido de la ley como en a quiénes alcanza y a quiénes no.
Esa distinción, técnica pero clave, será el eje de la disputa política y sindical en las próximas semanas que también alcanza a la provincia del Neuquén.
La ley establece de manera expresa que sus disposiciones no serán aplicables a los trabajadores de la Administración Pública Nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni municipal, salvo que exista un acto específico que los incorpore al régimen o a convenios colectivos determinados. Dado que no modifica de forma automática ni directa las condiciones laborales de los empleados públicos neuquinos.
Este punto, que aparece con claridad en el texto legal, que muchos reconocen no siempre escapa a interpretaciones interesadas. La iniciativa busca ordenar y promover herramientas de modernización, pero no avanza sobre derechos adquiridos ni convenios vigentes de los sectores estatales.
En medio existe una realidad que nadie elude: algo hay que hacer. Es necesario un cambio porque la informalidad y la precariedad dominan hoy el mercado laboral argentino. En el que muchos buscan sin importar la forma y color del cobro, sobrevivir.
La Ley de Modernización es un proceso de actualización administrativa más vinculado a la eficiencia, la transparencia y la mejora de los servicios.
Mientras tanto, varias voces ya comenzaron a agitar los fantasmas del ajuste (motosierra en mano) y cuestionan a la administración Milei. Sectores gremiales y políticos ya tomaron nota y saben que es una oportunidad a explotar.
En tierras neuquinas, uno de los que saben muy bien el libreto son la Izquierda, que con su brazo docente (Aten capital) busca capitalizar la crisis (para ellos todos son los malos arrancando desde la Rosada, pasando por Roca y Rioja, muriendo en la plaza frente al monumento a San Martín).
El paseo por la ciudad ya reconoce a los actores que buscan posicionarse sobre la base de la mentira (que tiene patas cortas) pero no come derechos adquiridos. Nada más falso.
Mientras se diluye la presión de los paros con acuerdos paritarios cerrados, cualquier excusa suma para ser más visible. Ahora intentarán instalar la idea de una amenaza generalizada sobre el empleo público, aun cuando la letra de la ley marca explícitamente lo contrario.
No se trata de una discusión jurídica sino política
La ley no incluye a los trabajadores estatales y cualquier cambio en ese sentido requeriría consensos específicos previos, que hoy no entran en el debate.
De qué trata la ley
El proyecto busca actualizar el marco laboral del sector privado. Esto significa que se ocupa de actualizar las relaciones laborales, brindando mayor previsibilidad jurídica, reducir la industria del juicio (que hoy limita mucho a las empresas y blanquear empleado) y promover el empleo registrado (en blanco).
En otro punto, incorporación mecanismos más flexibles de trabajo, con foco en productividad, la capacitación y adaptación a nuevas modalidades. No implica una reforma de derechos sino una actualización de procesos y reglas.
Finalmente fortalece el sistema de convenios colectivos. Es decir que lejos de eliminarlos, la ley reafirma el rol de los convenios colectivos como ámbito central de negociación, permitiendo adecuaciones según actividad y región, siempre dentro del marco legal vigente.
La ley no afecta al empleo público
Este es el punto clave que el texto legal deja explícito y que muchas veces se omite en el debate público.
La ley establece de manera taxativa que sus disposiciones no son aplicables a los trabajadores de la Administración Pública Nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni municipal. Entre sus consideraciones establece que no modifica estatutos del empleado público, no altera regímenes salariales ni condiciones de estabilidad y más aún la normativa no impacta en los convenios colectivos del sector estatal vigentes.
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