En medio de fuertes diferencias internas, se suspendió la reunión que los gobernadores tenían prevista para debatir una estrategia común frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, en particular por el impacto fiscal de los cambios propuestos en el Impuesto a las Ganancias para las empresas.
El encuentro iba a realizarse en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y tenía como objetivo analizar alternativas de compensación para las provincias, ante la reducción de alícuotas que figura en el proyecto oficial. Sin embargo, la falta de consenso entre los propios mandatarios terminó por desactivar la cumbre antes de que se concretara.
Uno de los factores que influyó en la suspensión fue la decisión de los gobernadores dialoguistas de no participar, luego de mantener reuniones individuales con el ministro del Interior, Diego Santilli. En esos encuentros quedó expuesta la distancia entre las provincias que están dispuestas a negociar y aquellas que rechazan de plano los cambios en la legislación laboral, como el caso del gobernador pampeano Sergio Ziliotto.
El principal punto de conflicto es el artículo 190 de la iniciativa, que propone una baja en el impuesto a las sociedades. La modificación implicaría reducir del 30% al 27% una de las alícuotas y del 35% al 31,5% el tramo más alto. Para las provincias, esta medida tendría un fuerte impacto en la coparticipación, con estimaciones que hablan de una pérdida superior a los 3 billones de pesos, aunque desde el Ministerio de Economía aseguran que el costo sería sensiblemente menor.
Frente a este escenario, los gobernadores buscan garantías concretas antes de acompañar la reforma en el Congreso. La idea es avanzar en un mecanismo de compensación que quede incorporado en la ley y que se aplique de manera uniforme en todo el país, como condición para destrabar el apoyo parlamentario al proyecto oficial.