IPROSS, la caja de nadie

Los abrazos se multiplicaban entre los profesionales. Apenas habían pasado unos minutos y los máximos referentes del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro estaban satisfechos luego de escuchar como cuatro colegas habían sido declarados culpables por 1.063 estafas. ¿Van a ir presos? era la pregunta que más se escuchaba en la Ciudad Judicial de Roca. El fraude al IPROSS, que a valores actualizados asciende a 3.500 millones de pesos desnudó, una vez más, la caja negra sin controles que representa la Obra Social provincial.

El mismo día, a una decenas de cuadras, hastiada de las promesas incumplidas y el escaso compromiso con la ley, la familia de Julián Reyes, un joven que padece artrofia muscular espinal, comenzaba una campaña solidaria en redes sociales para poder comprar una silla de ruedas usada.

Una silla autónoma, que le permitirá luchar contra la soledad a la que lo condena la enfermedad. En plata equivale al 0,1% de lo que le robaron estos cuatro empresarios a todos los rionegrinos.

Julian en mayo cumple 18 años. Nació con una enfermedad genética que daña y mata las neuronas motoras. Necesita una silla de ruedas especial para su desemvolvimiento. La lucha de su familia con la Obra Social es histórica. Aún se recuerdan los reclamos de su abuela cuando era niño y lo llevaban a Buenos Aires para su atención en el Garraham, y desde el IPROSS le alquilaban un hotel con escaleras y sin ascensor.

Juli creció, terminó el secundario y comenzó una carrera universitaria en el IUPA, estudia profesorado en teatro. Como tantas otras veces, la familia se plantó nuevamente ante los desmanejos del IPROSS. Desde fines de 2020 está sin silla de ruedas, la que le otorgó la Obra Social vino fallada. Primero la pelea fue para arreglarla, luego hicieron un amparo y la sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia (junio del año pasado) obliga a comprar una nueva. 

El IPROSS informó de la orden de compras en agosto de 2023, con todas las características técnicas que necesita Julián. La semana pasada, entregaron una silla de ruedas, pero nada tenía que ver con la que debían comprar y que pagó el IPROSS. Las autoridades la recibieron conformes y pretendían que la familia también la acepte. Un claro fraude al Estado del que nadie se hace cargo y por el que nadie responde.

Una prueba más de las cosas que sufren los 170 mil afiliados cautivos, empleados públicos de la provincia y jubilados. Por eso no llama la atención la sentencia a los farmacéuticos que le robaron a los rionegrinos sin que los controles lo hayan notado. Es que entre 2013 y 2019, cada 15 días, Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano, recibían las transferencias sin observaciones o cuestionamientos de nadie, por más que la facturación en medicación carísima contra epilepsia y diabetes, con cobertura del 100%, había crecido exponencialmente. 

Los controles los debía hacer el Colegio y no existía una auditoría eficiente del IPROSS, como ejemplo, en el juicio quedó claro que desde Roca, uno de estos farmacéuticos facturó y cobró por medicación que había comprado un afiliado de Bariloche, con la particularidad de que estaba muerto. Entonces la complicidad del Estado existió. La Justicia no avanzó en esta línea, ni por acción u omisión. Algún funcionario no cumplió con su responsabilidad y aún no se conoció que desde el gobierno se haya apartado a alguien.

La crisis del IPROSS no es nueva. El caso de Julián es uno entre los miles de Julianes que hay en la provincia. La Obra Social siempre fue una enorme caja negra que el propio Estado desfinancia constantemente con los aumentos con sumas fijas y no remunerativas, que hasta ahora no contaban como aporte. Por eso, y ante la crisis que representa cubrir el servicio de Salud con una inflación arriba de los tres dígitos, antes de asumir su tercer mandato, Alberto Weretilneck envió un proyecto a la Legislatura para que los aportes (4% de los afiliados y 7% de la provincia) se calculen sobre el total del sueldo (menos las asignaciones familiares), con un mayor descuento hacia los trabajadores. 

Años y años de manejos oscuros parecen ser imposible de cambiar, mientras Julián y todos los demás afiliados del IPROSS deben pagar las culpas cada vez que van al médico y afrontar los altos importes en plus; o van a comprar medicamentos a una farmacia, donde la cobertura es mínima. 

"¿Van a ir presos?", la impredecible Justicia de Río Negro tendrá la última palabra en unos días cuando se realice la cesura, pero aunque la pena sea efectiva, aún quedan instancias de apelación. Lo cierto, lo real y lo concreto es que es poco probable que el Estado pueda recuperar al menos una parte de lo robado. Por el tiempo transcurrido de la maniobra, es infantil pensar que los empresarios no enajenaron sus bienes, adquirridos con el dinero del fraude. Equivalente al 10% de una masa salarial completa. Mucha plata para una provincia sin recursos.