Este viernes, cuatro personas fueron condenadas por el fraude a la obra social Ipross. Según comunicaron desde el Ministerio Público Fiscal fueron declaradas responsables por delito de “estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública”. El veredicto fue unánime.
Durante la audiencia se definió que la próxima instancia será el juicio de cesura, en el que se discutirá y definirá el monto de la pena que corresponderá a cada uno, en función de los hechos acreditados.
El Ministerio Público Fiscal conformado por la fiscal jefa Teresa Giuffrida, y los fiscales del caso Gaston Britos y Marcelo Ramos, y el abogado querellante que representan al Estado Provincial como víctima, solicitaron que se mantengan todas las medidas cautelares que pesan sobre las cuatro personas.
El Tribunal admitió el planteo y definió que deberán presentarse lunes por medio ante la fiscalía para acreditar que se encuentran a disposición de la justicia. Además, ninguno podrá salir del país y quedarán legalmente inhibidos para disponer de sus bienes.
También, se mantuvo bajo embargo el dinero de la última partida que Ipross depositó a los farmacéuticos en el marco de la estafa, pero que éstos no alcanzaron a cobrar por el bloqueo que impuso la investigación judicial.
Los delitos fueron cometidos entre diciembre de 2013 y abril de 2019. Se calcula que fueron 66 millones de pesos. Según el veredicto de hoy, ese valor actualizado a diciembre de 2023 arroja un total de 2.400 millones de pesos.
Coautoría en duplas
El veredicto puso en un rol central a la ex auditora del Colegio y determinó que cada uno de los farmacéuticos imputados fue “coautor” con ella de cada uno de los delitos cometidos. Si bien el Tribunal destacó el vínculo y el conocimiento que todos tenían entre sí, precisó que cada uno era independiente en su posibilidad de continuar o no con las maniobras en connivencia con la auditora.
El fraude se organizó en cuatro modalidades con maniobras distintas para simular ventas de medicamentos supuestamente recetados a afiliados de Ipross. Se trataba de remedios para enfermedades como epilepsia y diabetes, que tenían cobertura al 100% de la obra social. En los sistemas informáticos que compartían las farmacias de los acusados y el Colegio de Farmacéuticos se cargaron, validaron y facturaron medicamentos que no figuraban en las recetas, o se agregaron medicamentos extra a recetas que ya estaban validadas o directamente se crearon recetas ficticias.
El Tribunal explicó que “usaron al Colegio de Farmacéuticos para lograr el pago del Ipross”. Lo hicieron presentando a la obra social rendiciones quincenales de recetas que habían sido adulteradas manual o digitalmente. El delito de estafa se configuró porque se dieron los tres elementos básicos de esa figura delictiva: El engaño intencional, el error y la disposición patrimonial.
El “engaño” intencional de los imputados al Ipross, fue a través de la manipulación de los sistemas informáticos y del conocimiento que tenían sobre los circuitos administrativos y de control, aprovechándose de un convenio con la obra social que les asignaba las principales tareas de auditoría al propio Colegio.
Otro es el “error” en el que efectivamente cayó a la obra social, como consumación del engaño, que llevó a la entidad estatal a pagar por remedios inexistentes.
Y el tercero es la “disposición patrimonial”, es decir, las transferencias millonarias de dinero que Ipross hizo a los farmacéuticos por la cobertura de medicamentos que ellos jamás habían vendido.
Más de 570 estafas
Para el Tribunal, cada rendición quincenal de recetas al Ipross fue una estafa independiente, por lo que no se trató de un único delito continuado a lo largo de los años.
El veredicto explicó que en cada envío, la ex auditora y cada farmacéutico tuvieron una intervención esencial. Para cada hecho hubo entre ambos “un plan común” y un reparto de beneficios.
En ese sentido, la auditora fue declarada responsable de un total de 574 estafas, distribuidas en las cuatro modalidades clasificadas por la acusación. En su mayoría son hechos cometidos en coautoría con alguno de los tres farmacéuticos, en tanto que otros corresponden a la farmacia involucrada en la condena de 2022 y a la farmacia de un familiar fallecido de la imputada.
Uno de los farmacéuticos fue declarado penalmente responsable de 249 estafas en coautoría con Fasano, en las cuatro modalidades. Otro de los imputados fue condenado por 122 hechos en todas las modalidades, siempre en coautoría con la auditora, y finalmente el último fue declarado culpable de 107 estafas en tres modalidades distintas, como coautor con la ex auditora.
En tanto que tres de los imputados fueron absueltos al no haberse acreditado si se trató de ventas de medicamentos reales o ficticias.