Ricardo Soiza, Tomás Siegenthaler y Orlando Abel Di Luca: 5 años de prisión efectiva. Néstor Pablo Sanz: 4 años y 6 meses de prisión efectiva. Marcos Osuna: 4 años de prisión efectiva. Julieta Oviedo, Luis María Gallo y Alfredo Cury: 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Laura Reznik, Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emmanuel Victoria Contreras: 3 años de prisión condicional. En todos los casos la accesoria de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Por otra parte, el Tribunal no hizo lugar al pedido de decomiso de los bienes de Sánz, Montoya y Honorio. Se trata de terrenos, viviendas y vehículos. Además, dispuso que una vez que el fallo quede firme se levanten los embargos e inhibiciones de todos los bienes de todos los imputados. Ahora vendrán las impugnaciones en Tribunal de Impugnación y en Sala Penal de TSJ. Un año más de trámite. Hoy hay que decirlo con nombre y apellido, porque cuando la justicia firma una condena blanda frente a una estafa que afectó a los más vulnerables, no estamos hablando de abstracciones: estamos hablando de decisiones de Luciano Hermosilla, Juan Keez y Juan Guaita.
Tres jueces, tres firmas que, juntas, acaban de dejar un mensaje inquietante en Neuquén ¿Y cuál es ese mensaje? Que robarle al Estado y a los que menos tienen, puede tener consecuencias leves, negociables, casi cómodas. Hermosilla, Kees, Guaita, los tres tuvieron frente a sí un caso que no era técnico ni burocrático, era un caso de estafa social, de manipulación de planes destinados a gente que necesita cada peso para sobrevivir, y aún así, cuando llegó la hora de impartir justicia, optaron por la salida suave, por la condena liviana, por una respuesta que parece calibrada para evitar ruido, no para reparar daño.
Gusto a poco las condenas, pero no podían hacer mucho más con la calificación legal que ellos mismos determinaron en la sentencia anterior de responsabilidad. La sociedad neuquina esperaba otra cosa, esperaba firmeza, esperaba un mensaje claro de que jugar con el hambre no es un trámite judicial más. Pero lo que entregaron Hermosilla, kees y Guaita fue una sentencia que parece pensada para pasar rápido de página, y entonces llega la pregunta inevitable ¿Qué vieron estos jueces que la sociedad no ve? ¿Qué les pareció atenuante en una maniobra que golpeó a los más pobres? ¿Qué les pareció proporcional en un hecho que socava la confianza pública?
Porque cuando uno analiza el fallo, lo que encuentra es técnica, es formalismo, es criterio procesal; pero lo que no encuentra es sensibilidad social, proporcionalidad, la lectura ética que exige un caso así. Y esto no se trata de personas, no se trata de cuestionar su vida privada, su moral o sus intenciones, se trata de su responsabilidad pública como jueces, de su rol institucional, de entender que su firma no solo cierra un expediente… construye o destruye confianza.
Hoy, con esta decisión, la pregunta que queda flotando es muy incómoda ¿Este tribunal fue suficientemente consciente del daño real que se investigaba? Porque la realidad es esta, sin eufemismos: Con esta sentencia, Hermosilla, Kees y Guaita dejaron abierto un precedente que huele mal, un precedente que dice que el poder puede equivocarse fuerte, y recibir respuestas blandas; un precedente que deja al ciudadano común con la sensación de que la balanza no está equilibrada.
Por eso hoy hay que decirlo fuerte y claro, lo que se hizo con los planes sociales no fue un error técnico, no fue una desprolijidad, no fue una mala carga en un Excel. Fue una estafa deliberada. Una maniobra que desvió plata que no sobraba, plata que faltaba. Plata que debía estar en los bolsillos vacíos de gente desesperada. Aun así, la respuesta judicial fue casi un susurro. Un “ahí está, ya cumplimos”. Pero cumplir no es lo mismo que hacer justicia.
Cuando los jueces eligen ser suaves con el poder terminan siendo duros con la sociedad. Hermosilla. Kees, Guaita, los tres tenían la oportunidad de marcar un límite, de dejar una señal firme, de decir hasta acá, pero eligieron otra cosa, eligieron el fallo cómodo, el fallo tibio, el fallo que cuida más al sistema que a la gente.
Cuando la justicia cuida más al sistema que a la gente, lo que queda desprotegido no es un expediente, es la dignidad de toda una provincia. Neuquén ya está cansada de esta indulgencia disfrazada de justicia. Porque esto no es solo un ladrillito más en el muro de la impunidad: es un mensaje directo, contundente, y profundamente peligroso. El mensaje de que en Neuquén hay dos justicias: la que cae con todo el peso sobre el que roba por necesidad, y la que acaricia al que roba desde el poder…
