La Justicia neuquina dio a conocer este jueves al mediodía las penas para los 12 condenados en el histórico juicio por la estafa vinculada a planes sociales, una maniobra que provocó un perjuicio millonario al Estado provincial y que operó durante años desde las estructuras internas del propio Ministerio de Desarrollo Social. El tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla fijó las condenas tras una extensa audiencia de cesura.
La investigación confirmó que los acusados montaron un sistema para desviar fondos destinados a desocupados y sectores vulnerables: el uso indebido de tarjetas de débito, retiros en cajeros automáticos y cheques cobrados por personal jerárquico que terminaban en una “caja paralela”. Según la fiscalía, esa recaudación funcionó como dinero negro destinado a fines políticos. Ninguno de los beneficiarios de esos sobres fue imputado.
El monto del perjuicio asciende a más de $1.200 millones, una cifra que dimensiona el alcance de la maniobra. En la etapa de cesura, el Ministerio Público Fiscal había solicitado penas de entre 3 y 6 años de prisión efectiva, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
A la audiencia de hoy se llegó con los condenados declarados responsables por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, según resolvieron de manera unánime los jueces en el veredicto previo. Es que el tribunal descartó el delito de asociación Ilícita, como impulsó la fiscalía.
Las penas, una por una
Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social: 5 años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial: 5 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.
Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales: 5 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.
Marcos Osuna, jefe de Informática: 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.
Pablo Néstor Sanz, exdirector de Fiscalizaciones: 4 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.
Laura Reznik, exdirectora de Finanzas: 4 años de prisión efectiva.
Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería: 3 años y 6 meses e inhabilitación perpetua.
Luis Gallo, exdirector de Finanzas: 3 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.
Alfredo Cury: 3 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.
Valeria Honorio: 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y pautas de conducta.
Isabel Montoya: 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y pautas de conducta.
Emanuel Victoria: 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y pautas de conducta.
Tres de los acusados continúan detenidos bajo prisión preventiva, mientras que el resto permanecerá bajo supervisión judicial hasta que la sentencia quede firme. Una de las incógnitas que sobrevuelan el caso es si, más allá de las penas impuestas, los condenados cumplirán efectivamente la prisión.
Los jueces dispusieron —según lo solicitado por la fiscalía— la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, las accesorias legales correspondientes y el pago de las costas del proceso. No hicieron lugar a los decomisos de bienes de los imputados, en tanto que se probó que hayan sido adquiridos con el dinero de las defraudaciones, pero se advirtió que podrán ser reclamados en los procesos que, en otro fuero, lleva adelante la Fiscalía de Estado.
La causa será recordada como uno de los procesos por corrupción pública más relevantes de la provincia. Además del castigo penal, abre un debate sobre los mecanismos de control dentro del sistema de asistencia social y la falta de supervisión que permitió que la maniobra se sostuviera durante tanto tiempo.
