La ubicación de este megaproyecto se halla en que el Río Cauca es el segundo río más importante de Colombia, cruza ocho departamentos y es parte de la cultura y de la economía de muchos municipios del país. El megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango es el más grande de Colombia y aspira a tener una capacidad instalada de 2.400 MW.
Inició su construcción en 2009, inundó más de 26.000 hectáreas y está impactando a más de 100.000 ha, sin embargo, esta cifra no contempla las zonas afectadas río abajo que ya están sufriendo los estragos del desvío artificial del río Cauca, la sequía de la cuenca por su obstrucción y sobre todo la incertidumbre por el riesgo permanente del colapso de la obra, debido a su inestabilidad y una avalancha derivada del irresponsable manejo de la obra, ocurrida en el año 2018.
El estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto estableció que los impactos negativos superan ampliamente a los impactos positivos, por ejemplo: la contaminación de la gua superficial y subterránea, cambios en la calidad del agua del embalse, cambios en la dinámica fluvial del río Cauca, cambio en la abundancia de las especies que conforman la comunidad de peces en la cuenca del río Cauca, entre otros. Además, han existido desplazamientos forzados de comunidades campesinas, pescadoras y barequeras (mineros artesanales) de las zonas de influencia del megaproyecyo. Por todas las vulneraciones sistemáticas de los derechos de las personas afectadas por este megaproyecto, las comunidades exigen el desmantelamiento controlado de la presa Hidroituango.
El número de personas afectadas es incierto y es fruto de los grandes conflcitos con la población, puesto que hay un enorme debate sobre la zona impactada y la empresa que construye la obra se niega a reconocer áreas con evidente impacto y riesgo y por lo tanto niega a su población y sus ecosistemas. El movimiento Ríos Vivos está conformado por organizaciones de pescadores de comunidades afectadas cuenta con una base social de 1.200 familias aproximadamente y sus cálculos de población afectada son 300 mil personas. Por su parte la Contraloría se ha pronunciado en este sentido sobre la ausencia de certeza sobre el número de personas afectadas y su cálculo ha sido de 180 personas. No obstante, la empresa habla de no más de 3.000 personas.
Los derechos vulnerados
Violación del derecho al trabajo, a la vida, vida digna y a la alimentación: Las comunidades cañoneras son descendientes directos de comunidades indígenas, en muchos casos son indígenas que no se autoreconocen y en otros casos sus padres o abuelos lo son. La identidad cultural, la forma de vida y de subsistencia está directamente relacionada con el espacio geográfico y el ecosistema que habitaban el cual ha quedado completamente destruido por la construcción de Hidroituango.
La alimentación era obtenida del río y del bosque, este último quedó inundado de manera abrupta desde el 28 de abril de 2018 cuando, sin el lleno de los requisitos legales, la empresa EPM selló con cemento los dos túneles de desviación del río Cauca y sin haber terminado el muro, el vertedero, el túnel de descarga intermedia, sin haber retirado la capa vegetal iniciaron el llenado, sin dar aviso a las comunidades de la zona de inundación quienes tuvieron que ser rescatados por socorristas pero no recibieron ningún tipo de ayuda por la inundación de sus pertenencias, la pérdida de sus sitios y formas de trabajo, de sus viviendas y forma de subsistencia.
Debido al llenado acelerado las laderas del embalse quedaron erosionadas y son cientos los derumbes por lo que es muy peligroso acercarse al mismo. Los puentes que eran no sólo la forma de conectar a las comunidades sino sitios de memoria quedaron inundados, fosas comunes y sitios de enterramiento de cadáveres que habían muerto y previamente las comunidades habían hecho las denuncias públicas al respecto exigiendo que no se violara el derecho de los familiares a encontrar a los desaparecidos, también quedaron debajo de las aguas, al respecto las comunidades acudieron ante la JEP para que protegiera los sitios y tomara medidas al respecto.
Como si lo anterior fuera poco, un único túnel por donde quedó pasando el agua, fue construido de manera ilegal sin los requisitos técnicos necesarios y este colapsó, por un momento generó una avalancha de enormes proporciones que aguas abajo del muro arrasó los puentes, escuelas, hospitales, viviendas, cultivos que hasta hoy no se han reparado. Muchas familias lo perdieron todo y aún hoy siguen en alto riesgo.
En febrero de 2019 decidieron secar el río, desconectarlo completamente por varios días, esto causó la mortandad de peces y muchas otras especies sin precedentes en la historia de los grandes ríos en Colombia dejando a las comunidades, aguas abajo del muro de la represa sin su principal fuente de alimentación.
Vulneración del derecho a un medio ambiente adecuado y saludable: En 2018, la Contraloría General de la República realizó una auditoría a la gestión de las autoridades ambientales en el proceso de licenciamiento del proyecto, en el informe la Contraloría destaca que se evidenciaron graves errores en el proceso de licenciamiento ambiental y en el desarrollo constructivo del megaproyecto.
Por ejemplo, se encontró que el Ministerio de Ambiente expidió la licencia ambiental a sabiendas que existían cerca de once fallas geológicas en la zona del proyecto, el informe también reveló que los procesos de compensación, protección de especies amenazadas y reforestación a cargo de la empresa ejecutora llevan mucho tiempo de retraso.
Además, según los EIA los impactos negativos del proyecto son numerosos por mencionar algunos: contaminación del aire, contaminación del agua superficial y subterránea, cambios en la calidad del agua del embalse, cambios en la dinámica fluvial del río Cauca, modificación de las propiedades físicas y químicas de los suelos, modificación del paisaje, pérdida o fragmentación del hábitat, muerte y desplazamiento de especies faunísticas, cambio en la abundancia de las especies que conforman la comunidad de peces en la cuenca del río Cauca, proliferación de vectores de enfermedades, afectaciones sobre los yacimientos arqueológicos identificados, transformación de los sistema culturales de la población afectada, desplazamiento involuntario de la población y afectación de sus condiciones de vida, generación de conflictos motivados por la presencia del proyecto, alteración de la economía regional.
Vulneración del derecho a la vivienda: Desde el inicio de la construcción del megaproyecto en 2010, se han evidenciado desplazamientos forzados de más de 900 familias que habitaban territorios que ahora forman parte del megaproyecto. Es el caso de familias barequeras que habitaban históricamente en el Cañón del río Cauca (Municipios de Valdivia, Ituango, Briceño, Toledo, Sabanalarga, Peque San Andrés de Cuerquia).
En muchos casos los desalojados se dieron sin lugar a indemnizaciones o compensación alguna. No se han tomado medidas para garantizar que todas las personas desplazadas y reasentadas tengan acceso a una vivienda digna. Con la emergencia ocasionada desde el mes de abril de 2018 y que aún no cesa, la obra destruyó las viviendas de miles de personas que aún no repara. Las que quedaron en pie están en riesgo permanente pues no hay certeza de la estabilidad de la obra y esta incertidumbre hizo que tanto las viviendas como las tierras y negocios en la zona perdieran todo su valor comercial.
Vulneración de los derechos laborales: Tras las inundaciones provocadas en 2018 por una serie de errores en la construcción de la presa, miles de personas perdieron sus medios de subsistencia, pues las inundaciones obligaron a miles de familias a evacuar súbitamente sus hogares y también ocasionaron la pérdida de enseres materiales, cultivos y animales de trabajo. En 2019 las compuertas de la presa se cerraron y esto provocó que el río se secara aguas abajo afectando a las comunidades que viven de la pesca en el río Cauca.
En 2020, con la llegada del Covid-19, más de mil trabajadores del proyecto estuvieron contagiados. Algunos han muerto, sin embargo, la empresa no ha tomado las medidas necesarias para prevenir y detener los contagios en la presa y en las zonas aledañas a la misma, poniendo en riesgo la vida y la salud de sus trabajadores y de las comunidades que se encuentran en los alrededores. E hecho, tras el contagio de varios trabajadores de la presa se presentaron contagios en las comunidades vecinas a los campamentos del proyecto, como son: Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Ituango, Briceño, Valdivia y Toledo.
Vulneración de los derechos de libre asociación de reunión pacífica, de participación y seguridad personal: En el 2013 iniciaron los asesinatos de integrantes del Movimiento Río Vivos Colombia, hasta la fecha son seis los que han perdido la vida en circunstancias no esclarecidas, además al menos 58 miembros del mismo Movimiento han recibido constantes amenazas, tanto individuales como colectivas y los grupos al margen de la ley les prohíben protestar y denunciar a la obra. Los hostigamientos y persecución por parte, incluso de las entidades hizo que se vieran en la necesidad de solicitar medidas de protección.