El día después de la caída de Nicolás Maduro encontró a Venezuela sumida en una calma tensa y cargada de incertidumbre. Caracas amaneció con calles casi vacías, muy poca circulación de vehículos y largas filas en los pocos comercios abiertos, principalmente supermercados y farmacias. Para muchos, la jornada estuvo atravesada por una mezcla de alivio contenido, temor y expectativa ante un escenario político inédito.
La actividad fue mínima en buena parte de la capital. Los locales comerciales habilitaron el ingreso de personas en pequeños grupos para evitar aglomeraciones, lo que obligó a formar filas durante horas. La presencia policial fue escasa, pero en zonas sensibles del oeste de la ciudad, donde se concentran edificios oficiales como el Palacio de Miraflores, civiles armados identificados con el chavismo patrullaban las calles y custodiaban incluso algunos negocios privados. En ese sector se habían registrado explosiones durante el operativo estadounidense que derivó en la captura del ex mandatario y de su esposa, Cilia Flores.
En el este de Caracas el panorama fue similar: poca circulación, comercios cerrados y casi nula presencia de fuerzas de seguridad visibles. Allí se encuentra la base aérea de La Carlota, uno de los objetivos alcanzados durante el ataque del sábado. En áreas cercanas a instalaciones militares estratégicas, como Fuerte Tiuna, persistieron durante varias horas cortes de energía eléctrica provocados por los bombardeos, aunque el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual.
Mientras la vida cotidiana transcurría en silencio, el chavismo avanzó rápidamente en una reconfiguración del poder. El Tribunal Supremo de Justicia, alineado con el oficialismo, anunció que la vicepresidenta Delcy Rodríguez quedaba a cargo del Ejecutivo. La decisión fue cuestionada por sectores opositores y por observadores internacionales, que advirtieron que no se trata de una transición democrática, sino de una maniobra para sostener la estructura del régimen.
Desde el discurso oficial, la línea fue de confrontación. Funcionarios del gobierno calificaron la captura de Maduro como una agresión extranjera y reforzaron un marco legal que castiga con prisión a quienes respalden sanciones o acciones impulsadas por Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos alertaron que estas normas podrían ser utilizadas para profundizar el control social en un contexto de extrema fragilidad institucional.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que las Fuerzas Armadas garantizarán el orden interno y afirmó que todas sus capacidades están activadas frente a lo que definió como una amenaza externa. En distintas provincias del país, gobernadores oficialistas realizaron apariciones públicas armados, en una señal de respaldo explícito al aparato de poder chavista.
Para este domingo, el oficialismo convocó a una movilización en el centro de Caracas en rechazo a la detención y traslado de Maduro a Estados Unidos, y para exigir su restitución. En paralelo, la captura del ex líder chavista abrió un fuerte frente diplomático: Washington defendió el operativo como un paso para facilitar una transición política, mientras que la ONU convocó de urgencia al Consejo de Seguridad para analizar la crisis.
Lejos de Venezuela, Maduro pasó su primera noche detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser trasladado bajo un estricto operativo de seguridad. El ex mandatario enfrenta cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y delitos vinculados al uso de armas automáticas, en una causa iniciada en 2020 y ahora reactivada.
En las calles venezolanas, sin embargo, el impacto inmediato no se tradujo en celebraciones masivas ni en estallidos sociales. Tras años de crisis económica, represión y deterioro institucional, muchos ciudadanos eligieron la cautela. La sensación dominante fue que el fin de Maduro, por sí solo, no garantiza el inicio de una transición real, y que el país ingresa en una etapa tan incierta como decisiva.
