A 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la causa judicial sigue abierta, sin juicio oral ni responsables materiales identificados, pero con una certeza que la Justicia sostiene desde hace tiempo: no fue un suicidio, sino un homicidio. En este nuevo aniversario, el expediente vuelve a poner bajo la lupa el rol de los servicios de inteligencia y las graves irregularidades ocurridas en las primeras horas de la investigación.
Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza. Días antes había denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los responsables iraníes del atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994. Once años después, la causa continúa lejos de llegar a una instancia de juicio.
La investigación está a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, quien sostiene que las pruebas reunidas permiten afirmar que la muerte estuvo directamente vinculada al trabajo de Nisman al frente de la UFI-AMIA. Aunque hay procesamientos confirmados —entre ellos el de Diego Lagomarsino, quien le prestó el arma—, la Justicia aún no pudo determinar quiénes ejecutaron el crimen.
El expediente tuvo un recorrido accidentado desde el inicio. Comenzó en la justicia ordinaria, pero tras fuertes cuestionamientos por errores en la investigación, pasó al fuero federal luego de un fallo de la Corte Suprema, que determinó que se trataba de la muerte de un fiscal federal en ejercicio de sus funciones. Desde entonces, el juez Julián Ercolini y el fiscal Taiano quedaron al frente del caso.
Uno de los puntos más sensibles es la actuación inicial en la escena del hecho. En diciembre de 2025, Taiano solicitó la indagatoria de la exfiscal Viviana Fein, a quien acusó de negligencias graves durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo. Según el fiscal, el departamento no fue debidamente resguardado y más de 80 personas ingresaron al lugar, lo que generó un “auténtico caos” que afectó la recolección de pruebas clave.
El área más comprometida fue el baño donde apareció el cuerpo, y se cuestionó la demora en llegar al lugar, la falta de medidas de protección y la circulación de personas sin identificación clara. Además de Fein, también figuran imputados otros funcionarios, entre ellos el juez Manuel de Campos, Sergio Berni y personal de la Prefectura Naval Argentina.
Otro eje central de la causa es el papel de los servicios de inteligencia. El dictamen fiscal sostiene que Nisman mantenía contacto frecuente con altos mandos de la entonces Secretaría de Inteligencia, varios de los cuales se comunicaron entre sí el mismo día de su muerte. El análisis de comunicaciones telefónicas y peritajes pendientes sigue siendo clave para avanzar en esa línea.
La figura de Antonio “Jaime” Stiuso, exdirector de Contrainteligencia, aparece reiteradamente en el expediente. Stiuso había colaborado con Nisman en la causa AMIA y fue desplazado de su cargo semanas antes de la muerte del fiscal. En una declaración realizada años después, afirmó que Nisman fue asesinado por una estructura de inteligencia paralela, aunque ese testimonio permanece fuera del expediente principal por cuestiones legales.
También se investigan presuntos mecanismos de inteligencia ilegal, con cientos de agentes citados en los últimos años por la activación de celulares en las inmediaciones del edificio donde vivía Nisman. Documentación desclasificada y filtraciones posteriores expusieron internas dentro de los organismos de inteligencia tras la muerte del fiscal.
A más de una década del hecho, la causa avanzó en confirmar el homicidio, pero sigue marcada por errores iniciales, demoras judiciales y fuertes disputas políticas. La investigación por el Memorándum con Irán, reabierta en 2023 y con Cristina Kirchner procesada, podría aportar respuestas sobre el contexto, pero el interrogante central permanece intacto: quiénes mataron a Alberto Nisman y por qué.
