Una investigación de la fiscalía de Narcocriminalidad de Neuquén terminó con la condena de cuatro integrantes de una familia que comercializaban droga desde una vivienda del sector Peumayén, donde montaron un supuesto kiosco para ocultar la actividad ilegal que funcionaba durante todo el día.
El acuerdo pleno fue presentado por la fiscal del caso Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo, y posteriormente homologado por la jueza de garantías Natalia Pelosso, quien dictó las condenas y dejó firme la sentencia tras la renuncia de todas las partes a los plazos de impugnación.
Una casa convertida en punto de venta
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, la principal responsable era Mariana Estela Ortiz Martínez, quien encabezó la comercialización de estupefacientes desde el domicilio en el que residía, al menos entre el 10 de noviembre y el 11 de diciembre de 2025.
La acusada operaba junto a su hermana, Sandra Celeste Ortiz, y sus hijos, Érika Nicole Garcete Ortiz y Esteban Ariel Garcete Ortiz. Según la teoría del caso, utilizaban la fachada de un kiosco instalado en la vivienda para concretar las ventas.
Las operaciones se realizaban a través de una ventana con rejas que daba directamente a la calle. Allí, los compradores intercambiaban dinero —en efectivo o mediante transferencias a billeteras virtuales— por envoltorios con droga.
Las tareas de vigilancia realizadas por los investigadores permitieron registrar al menos 153 movimientos compatibles con la venta de estupefacientes al menudeo, una actividad que se desarrollaba en distintos horarios, las 24 horas del día.
El allanamiento que confirmó la sospecha
La pesquisa culminó el 11 de diciembre de 2025 con un allanamiento ordenado a pedido de la fiscalía. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 2,791 kilogramos de cannabis sativa distribuidos en panes compactados, cogollos y 155 envoltorios fraccionados listos para la venta.
Además, incautaron un millón de pesos en efectivo, 215 dólares estadounidenses, siete teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, un dispositivo electrónico de cobro, recortes de nylon y anotaciones vinculadas a la actividad investigada.
En la habitación de Esteban Garcete Ortiz también fue hallado un pistolón calibre 24 apto para el disparo, que poseía sin autorización legal, lo que sumó un nuevo delito a la acusación.
Roles y responsabilidades
La fiscalía atribuyó a Ortiz Martínez el delito de comercio de estupefacientes en carácter de autora, mientras que Sandra Celeste Ortiz y Érika Nicole Garcete Ortiz fueron consideradas partícipes secundarias.
En el caso de Esteban Ariel Garcete Ortiz, además de su participación en la comercialización, se le imputó la tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real.
Al acordar las penas, los representantes del Ministerio Público Fiscal valoraron como agravantes la reiteración de los hechos, la continuidad temporal de la maniobra y la participación de múltiples personas. Como atenuantes, tuvieron en cuenta la ausencia de antecedentes condenatorios y la admisión de responsabilidad por parte de los acusados.
Las condenas
Tras homologar el acuerdo, la jueza Pelosso condenó a Mariana Estela Ortiz Martínez a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y una multa de 45 unidades fijas; Sandra Celeste Ortiz a 2 años y 6 meses de prisión condicional; Érika Nicole Garcete Ortiz a 2 años de prisión condicional y Esteban Ariel Garcete Ortiz a 2 años y 6 meses de prisión condicional por los delitos de narcotráfico y tenencia ilegal de arma. A los tres condenados con penas condicionales se les impusieron reglas de conducta por tres años y multas de 22,5 unidades fijas.
Además, se ordenó el decomiso de todos los elementos secuestrados durante el operativo.
Con la homologación judicial y la renuncia de las partes a apelar, la condena quedó firme y cerró una causa que, según la fiscalía, logró desarticular un punto de venta activo de drogas que funcionaba de manera constante en un barrio residencial de la capital neuquina.
