Crimen de Morena: así opera el mercado negro de celulares

En el contexto de la pesquisa sobre el trágico suceso vinculado al fallecimiento de Morena Domínguez, los hermanos Miguel y Darío Madariaga se encuentran actualmente bajo custodia policial, siendo convocados para su interrogatorio en la UFI N°7 en calidad de imputados. Las pruebas que los incriminan en el crimen son resguardadas confidencialmente hasta el momento de la indagación formal.

Mientras el enfoque se mantiene en los Madariaga, la fiscal Silvia Bussano, al mando del caso, sigue con otras diligencias en curso. Se proyecta un análisis exhaustivo de la motocicleta marca Corven, incautada recientemente en la residencia de un menor de 14 años, M.A., cuya participación inicialmente sospechada ha sido descartada. El peritaje forense será crucial para determinar si dicho vehículo estuvo involucrado en el fatídico incidente que le costó la vida a la joven Morena.

Paralelamente, las autoridades están abocadas a la búsqueda del teléfono celular de la víctima, encomendando esta tarea a la División de Delitos Informáticos (DDI) de la Policía Bonaerense. A pesar de que ambos hermanos Madariaga fueron detenidos, el teléfono de Morena no fue hallado entre sus pertenencias al momento de la detención. La particularidad de que el dispositivo solo se active a través de redes WiFi, según declaraciones del padre de la víctima, sugiere la ausencia de un plan de datos o un chip telefónico convencional, lo que complica su rastreo por medio de señales de antenas celulares. Esta circunstancia plantea desafíos adicionales para el proceso investigativo.

Una línea de investigación considera que los Madariaga podrían haber intentado comercializar el celular en el mercado negro, posiblemente en el circuito de "cuevas" de los barrios porteños Pompeya u Once. En los últimos tiempos, ha proliferado una red clandestina donde los teléfonos robados se venden por una fracción ínfima de su valor original para su posterior desmantelamiento en establecimientos legalmente registrados, que actúan como desarmaderos virtuales.

Este proceso involucra la descomposición del dispositivo en partes, donde elementos como las pantallas y las baterías de los smartphones adquieren un valor especial, ofreciendo alternativas asequibles para aquellos con recursos limitados, aunque con el sombrío trasfondo de estar potencialmente vinculados a actividades delictivas.

El auge de estos "desarmaderos" coincide con la crisis sanitaria global de la pandemia de COVID-19. Uno de los casos emblemáticos de este submundo es el Laboratorio Área 51 en Villa Lugano, que inicialmente se presentaba como un centro de reparación legítimo pero se descubrió operaba como un punto focal de la actividad delictiva.

La lucha contra esta problemática conlleva la detección y desarticulación de estas operaciones, que a menudo se camuflan bajo la apariencia de negocios legítimos, incluso contando con registros impositivos y licencias que respaldan su fachada. Los dispositivos robados son desmantelados dentro de estos locales, operando de manera similar a los desguaces de automóviles.

Los clientes que buscan servicios de reparación pueden ser inconscientes de que los repuestos originales que se les ofrecen provienen de dispositivos robados recientemente. La celeridad es esencial en este ciclo, ya que técnicos especializados pueden desarmar un teléfono en cuestión de minutos. La cadena de suministro se asegura mediante intermediarios que compran dispositivos robados a los delincuentes para luego revenderlos en el mercado clandestino.

En 2021, los delincuentes obtenían ganancias mínimas por los dispositivos robados, con precios que distaban significativamente de su valor de mercado. La lucha contra este oscuro comercio ilustra la compleja intersección entre la actividad delictiva y la apariencia de legalidad en este turbio mercado de dispositivos móviles.